Barcelona ha cerrado 2.355 pisos turísticos ilegales en 2 años y ordenado eliminar otros 1.800

El plan de choque del Ayuntamiento de Barcelona contra los pisos turísticos ilegales iniciado justo hace dos años suma cifras de vértigo, pese a que evaluarlo no es fácil porque se desconoce la cifra real del fenómeno en la ciudad. El consistorio ha informado este jueves de que ya se ha ordenado cerrar 4.148, de los que 2.129 ya han acatado la orden. A estos hay que sumar 226 precintos. El resto (unos 1.800 con orden) están vías de ser eliminados pero aún no se ha podido establecer cuántos de estos ya lo han hecho.

Si partimos de la última estimación que hace un par de años fijaba en 6.000 los pisos ilegales, en la actualidad podrían quedar activos algo  menos de 2.000, aunque este último dato no puede ser demostrado. El ayuntamiento mantiene que pueden ser muchos menos, porque hay numerosos propietarios que han retirado espontáneamente las viviendas de esta actividad ilegal como reacción a la intensificación de la actividad inspectora. Por contra, hoteleros y entidades vecinales opinan que la oferta en activo continúa siendo muy alta.   

¿Por qué esa distinta percepción? La foto fija de la actividad solo se limita a la ofensiva municipal y su saldo. Hay que recordar que los acuerdos realizados con los grandes portales de anuncios (para que retiren los pisos sin número de registro legal) ya ha aniquilado parte de la oferta en los últimos meses. Muerto el anuncio, muerta su actividad. La situación es tan cambiante que el consistorio dice que es imposible conocer el mercado ilegal activo en cifras.

Con comprobación

 La cuarta teniente de alcalde, Janet Sanz, ha destacado también que desde el verano pasado se ha comprobado su cierre y solo un 10% lo incumplen, lo que atribuye a la intensificación en la persecución de la ilegalidad. En la actualidad hay cien inspectores, frente a los 20 que había antes del plan de choque. Para la concejala la no reiteración es el mayor triunfo, ya que la actividad se extingue definitivamente. El ayuntamiento defiende también que la baja cifra de precintos (un proceso administrativo mucho más complejo y que se desencadena si el cierre no es voluntario y se observa reiteración) es positiva, porque indica que hay concienciación sobre la ilegalidad, su persecución y el peso de las sanciones, que por medio de la ley de turismo van de los 60.000 a 600.000.

Precisamente, el consistorio dice haber impuesto además 5.503 sanciones, que van parejas a las órdenes de cierre, pero incluyen también infracciones penalizadas (por molestias o no publicar su número de licencia) en los 9.606 pisos turísticos legalizados en Barcelona. Una vez más, no se facilitan datos sobre las multas ejecutadas ni los montantes cobrados, que dependen de la Hacienda municipal y siempre han sido opacos. La edila se limita a aseverar que la mayoría se acaban ingresando.

Sanz se atreve a asegurar que buena parte de la cartera ilegal de alojamiento turístico en Barcelona “está desactivada” y que la ciudad se acerca a la “oferta cero” ilegal anunciada en las webs de reservas.

Esa caza se traduce también en inspecciones a 81 edificios completos bajo sospecha, 21 residencias de estudiantes y 61 pensiones ilegales, que alquilaban la totalidad de su habitaciones.

Con ayuda de Mossos

No obstante, uno de los hechos llamativos dentro del balance actualizado es la detección de redes organizadas extranjeras que se lucran por esta vía, aunque sean cifras menores. Se han registrado 11 multiinfractores que gestionan 86 pisos ilegales desde 208 anuncios en portales online, a los que se han abierto 170 procedimientos en curso o acabados. Actúan a través de personas que llegan a Barcelona para ejercer de anfitriones con uno o varios contratos a su nombre y pasan a gestionarlos como pisos turísticos sin licencia. Este operativo está coordinado con los Mossos, Bombers, Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria y el Institut Català del Sòl para compartir datos y resultar más eficaces.

En conjunto, y pese a la lluvia de críticas constante de los vecinos de la Barceloneta, la patronal de pisos legales Apartur o los hoteleros, entre otros, el ayuntamiento saca pecho con sus 10.635 expedientes abiertos y sus 5.503 sanciones, que quintuplicarían la actividad fiscalizadora de la actividad respecto a los dos años anteriores. De esos expedientes, el Eixample (3.193) va a la cabeza, seguido de cerca por Ciutat Vella, y por Sant Martí (1.220) y Sants-Montjuïc (1.042). Habrá que ver cómo transcurre el verano en la ciudad para comprobar si esos números se perciben en la calle.