La vivienda, un problema grave (y recurrente)

Cada barómetro municipal contiene las mismas preguntas. Pero hay algunas cuestiones que se van cambiando y que tienen que ver con la actualidad. En este último caso, el consistorio ha consultado sobre la vivienda, pero en el pasado se requirió sobre la prostitución, el turismo, los grandes eventos, el tricentenario de 1714, el sobrecoste del transporte público en acontecimientos masivos, la desigualdad entre barrios, la contaminación o la aplicación del artículo 155. En todos los casos se trataba de cuestiones candentes y mediáticas, y también en todos los casos, los resultados han servido para defender las tesis del gobierno de turno. Esta vez no ha sido una excepción.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha echado mano de las 800 entrevistas para tirar en cara al Gobierno y a la Generalitat su inacción ante la crisis habitacional que, a su modo de ver, sufre la capital catalana. La percepción de la vivienda como un problema ha crecido de manera exponencial en la ciudad, hasta el punto de que el 12,3% de los encuestados creen que es el principal conflicto de Barcelona (seis meses atrás eran el 4,8% y hace tres años eran el 0,6%). Este repunte coincide en el tiempo con una triple ofensiva municipal: hacia el Govern para que destine las viviendas intestadas (las casas sin heredero que pasan a manos públicas) a reforzar el parque social, hacia los constructores para que destinen el 30% de sus promociones a pisos protegidos y hacia el Gobierno para que modifique la ley de arrendamientos urbanos con el objetivo de alargar los contratos de alquiler de tres años.  

Entre muy y bastante grave

Las cuestiones concretas sobre el acceso a un piso ponen de manifiesto una seria inquietud: el 87,6% creen que es un problema entre muy y bastante grave, y solo el 4,1% dice no tener problema alguno con su casa. Luego se pasa al apartado de propuestas para resolver esta situación (hay que recordar que el consistorio no tiene competencias sobre la materia). El 42,5% proponen regular/bajar los precios y el 28,4% reclaman más vivienda social. Son, precisamente, dos de las propuestas que Barcelona en Comú ha puesto sobre la mesa para que la autoridad competente -el Gobierno de Pedro Sánchez- eche una mano.

Para rematar, en el barómetro se proponían dos afirmaciones para que los encuestados se posicionaran. Primero, si el precio del alquiler debe ser libre. Segundo, si la Administración debe poder regular esas mismas rentas. Gana la segunda opción de calle por un 75,4%, frente a un 20% y un 4,6% que no sabe o no contesta. Un nuevo espaldarazo a la política de los 'comuns'. Algo que no ha pasado por alto Pisarello, asegurando que esta reivindicación ya no es solo una reclamación de Colau, sino "también de la ciudadanía". Las mismas palabras se usaron en los anteriores barómetros para sacar partido a los resultados de todas y cada una de las preguntas 'libres' añadidas en los sondeos. Aunque no siempre el tiro puede salir bien: la oposición en bloque ha aprovechado para culpar a la propia Colau de la actual crisis de la vivienda en Barcelona.