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EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

El Govern replica que comprará de 30 a 40 pisos sociales con las fincas que subastará

Aturem la Subhasta tratará de impedir la puja, trasladada a L'Hospitalet el jueves

Patricia Castán

Protesta de Aturem la Subhasta en Sant Jaume.

Protesta de Aturem la Subhasta en Sant Jaume. / Manu Gomez

La subasta de viviendas intestadas que prepara el Govern y ha sublevado a los colectivos que reivindican un mayor parque de pisos sociales se celebrará finalmente en L'Hospitalet el próximo jueves. Si es que se celebra. Porque el colectivo Aturem la Subhasta asegura que no permitirá que se ejecute la puja sea cual sea su escenario. Mantienen su plan de una acampada nocturna para impedir que los potenciales compradores accedan al acto.

La anunciada subasta de 46 inmuebles situados en distintos puntos de Catalunya (desde pisos hasta solares, párkings, locales y estudios), 'heredados' por la Generalitat porque sus propietarios fallecieron sin testar y no hay familiares (hasta el cuarto grado), ha vuelto a movilizar hoy a la plataforma que aglutina a siete entidades vecinales en lucha contra los desahucios. Unas 40 personas se han congregado en la plaza de Sant Jaume para denunciar que la Conselleria d'Economia siga con su plan de subastar las propiedades, en lugar de destinarlas directamente a viviendas sociales, defienden. Al conocer el nuevo enclave para la puja (Espai Bital, en José Agustín Goytisolo, 22-28 de L'Hospitalet) han dicho que su objetivo será el mismo.

El 'conseller' de Economia, Pere Aragonès, ha replicado por la mañana en TV3 que el Govern destinará de forma inmediata los recursos obtenidos por la venta de 13 pisos, un aparcamiento, un local y un estudio a comprar entre 30 y 40 pisos procedentes de embargos bancarios de Barcelona y su área metropolitana para ponerlos a disposición de la ciudadanía.

Según fuentes de la conselleria, el uso del montante obtenido por el resto de inmuebles se decidirá en la Junta de Herencias (con participación vecinal), para usos sociales o culturales. Aseguran que por sus características (necesitar grandes rehabilitaciones, carecer de cédula de habitabilidad o tener altos costes de comunidad...) no cumplen con los requisitos legales para destinarlas a uso social. 

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