Barcelona atiende en 15 días a 465 inmigrantes que cruzaron el Estrecho en patera

El dispositivo conjunto entre la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Barcelona ha atendido en las últimas dos semanas a 465 personas migrantes provenientes de las costas de Andalucía, y que habían cruzado el estrecho de Gibraltar en patera, han explicado en rueda de prensa este viernes los tenientes de alcalde Laia Ortiz y Jaume Asens.

De entre las 465 personas -404 hombres, 22 mujeres y 39 menores--, 27 han sido alojadas en dos equipamientos municipales cedidos temporalmente a Cruz Roja, que suman 172 plazas, y el dispositivo de acogida se ha pensado para hacer una primera atención de emergencia y ofrecer cobertura sanitaria, apoyo psicosocial, orientación legal y manutención, plazas que se suman a las que tiene Cruz Roja regularmente en la ciudad.

Países de procedencia

La gran mayoría originarias de países de África subsahariana, como Costa de Marfil, Guinea Conakry, Gambia, Camerún, Liberia y Sierra Leona, que incluyen lugares en conflicto --algo que no ocurría hasta hace poco meses--, han explicado junto al coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, y el de Creu Roja Barcelona, Ramon Jané.

En la atención se prioriza la acogida de aquellas personas en situación de alta vulnerabilidad que presentan un mayor riesgo, como son menores, mujeres y personas enfermas, y el equipo humano del dispositivo de acogida de emergencia lo forman unas 200 personas entre personal laboral y voluntariado de la Cruz Roja, y se centra en la redistribución de las personas que llegan a los centros.

Redes de contactos

Cuando las personas migrantes reciben atención al llegar a las costas andaluzas, manifiestan si quieren ir a alguna ciudad en la que tienen redes de contactos y se les traslada --aunque con orden de expulsión--, forma en la que han llegado las 465, de las que 267 se han quedado en centros.

El resto no han permanecido en centros porque han decidido no hacerlo al disponer de contactos o al quererse desplazar a otros lugares y, de los 267 que accedieron a los centros, la mitad ya los han abandonado tras unos días, han explicado los responsables de la Creu Roja de Catalunya y Barcelona.

Exigencias a otras administraciones

Colau se comunicó con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y Asens ha hablado con la delegada del Ejecutivo central en Catalunya, Teresa Cunillera, con la que se han emplazado a reunirse la próxima semana para abordar las demandas de mejora financiera y el refuerzo de protocolos y coordinación: "No puede ser que lleguen autocares a la ciudad y no tengamos información para podernos organizar", ha aseverado Asens.

Asens ha recordado que el ayuntamiento reclama desde hace meses las facturas del coste de la acogida que ha asumido Barcelona --que ha recordado que pagan todos sus vecinos cuando no es su competencia--, que este año supera los 5,5 millones de euros solo en la atención especializada, sin incluir muchos servicios.

"El Estado, si quiere apartarse, que se aparte, pero que nos dé a nosotros los recursos que recibe para hacer un trabajo que no hace", ha exigido Asens, y Ortiz ha explicado que también se han reunido y han abordado el asunto con la Generalitat y su 'conseller' Chakir El Homrani y que esperan concreciones sobre plazas, ha dicho Ortiz.

Equipamientos municipales

El 17 de junio se abrió el Centro de Acogida Nocturno de Emergencias (CANE), con capacidad para 72 personas, por un periodo inicial de dos semanas --hasta el 30 de junio--, y ante la previsión de que la llegada de migrantes sea sostenida durante el verano, el Ayuntamiento y la Cruz Roja han decidido prorrogar el acuerdo y mantenerlo abierto en julio y agosto.

El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb) también ha abierto 100 plazas para alojar de urgencia a estas personas, y el consistorio busca equipamientos para que, una vez superada esta primera fase, el Cuesb pueda seguir disponible para cumplir con su papel de equipamiento de emergencia que tiene asignado.

Además del dispositivo de emergencia, el Ayuntamiento garantiza con recursos propios el alojamiento a más de 200 personas cada noche, la mayoría de las cuales son familias en situación de vulnerabilidad con menores, y hasta este mes e mayo, el Servicio de atención a las personas inmigradas, emigradas y refugiadas (Saier) ha atendido a 8.500 personas, de las que 3.589 son solicitantes de asilo y 780 son menores de edad.