Los promotores litigarán contra la propuesta del 30% de vivienda pública

La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) llevará a los juzgados la modificación  del Plan General Metropolitano (PGM)  que les obligará a destinar a vivienda protegida el 30% de las nuevas promociones que se emprendan en Barcelona en suelo consolidado. La asociación se ha pronunciado en contra del proyecto en varias ocasiones desde que se dio a conocer. Y ahora ha anunciado que llevará a cabo una ofensiva legal para impedir que se ponga en marcha. Presentarán alegaciones contra las modificaciones presentadas por el Ayuntamiento al PGM y, si finalmente en septiembre se aprueba el plan, no descartan acudir a los tribunales para impedir que prospere la propuesta. 

Elena Massot, consejera delegada de Vertix y vicepresidenta de la junta de la asociación, ha reiterado este jueves  en un debate en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya sobre 'L'Habitage Protegit en Sòl Urbà Consolidat. El Cas de Barcelona', que la asocicación está en contra de la propuesta del Ayuntamiento. "Y defendemos medidas alternativas", ha comentado, aunque no ha concretado,  antes de recordar que la capital catalana tiene suelo para llevar a cabo 20.000 viviendas protegidas de las que 7.000 cuentan con los requerimientos urbanísticos necesarios para llevarse a cabo de forma inmediata.

Massot ha reconocido que el valor de la vivienda es elevado en Barcelona pero "en gran parte se debe a que la burocracia municipal con las licencias es larguísima y costosa. Hay promotores que pueden hacer vivienda protegida y están dispuestos a hacerlo", ha comentado. Para los empresarios del sector, la propuesta del consistorio barcelonés "no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, sinó que tendrá un efecto contrario, ya que, por una parte, podría provocar una parálisis de la actividad del sector, y por otra,  añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre oferta y demanda". 

Respaldo legal

La ofensiva legal que están dispuestos a acometer los promotores, no impide al Ayuntamiento barcelonés considerar que el respaldo jurídico de la medida propuesta es total: "Estamos seguros de que habrán muchas demandas contra la medida y que tendremos que batallar ante los tribunales, pero acabará consolidándose", ha explicado en esas mismas jornadas Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Según Burón, la ley del derecho a la vivienda del 2007 ampara la decisión municipal. También lo hacen actuaciones similares realizadas en otros municipios españoles. En este sentido, ha recordado la experiencia de Vitoria-Gastei, población que contaba con 125.000 habitantes y gracias a una iniciativa similar, en la que se obligó a hacer hastas un 80% de vivienda protegida, la ciudad duplicó su población. 

Burón ha recordado que la situación del mercado inmobiliario de Barcelona es alarmante en este momento: solo una de cada 99 viviendas es protegida y si se cuentan las ayudas, la cifra asciende a dos de cada 90, cuando el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de Catalunya exige llegar al 15% de vivienda social en 15 años. Y Todo ello cuando Barcelona solo tiene capacidad para añadir 35.000 viviendas más. "Es necesario afrontar el debate de la vivienda social", ha planteado Burón.

En este mimso sentido se ha expresado Dolors Clavell, responsable de Clavell Consulting, consultora que ha tenido participación en la elaboración de la propuesta municipal, quien ha destacado que es imprescindible ir más allá de "la política asistencial", que se dedica a cubrir emergencias en los casos más acucientes, y llevar a cabo "cambios estructurales más propios de una política de vivienda del siglo XXI".