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La intención del PSC de prohibir la prostitución enciende a las trabajadoras sexuales y activistas

Los socialistas presentarán en el pleno del viernes una ordenanza para "erradicar la demanda"

Los colectivos critican que las medidas provocarán más precariedad y clandestinidad

Imma Fernández / Helena López

Prostitutas en la Rambla de Barcelona.

Prostitutas en la Rambla de Barcelona. / FERRAN NADEU

“El capitalismo nos obliga a trabajar y cada cual elige con qué parte del cuerpo hacerlo. Los que lo hacen con la cabeza son unos intelectuales; los que utilizan el cuerpo son obreros y las que usamos la sexualidad somos unas putas. Yo decido la forma que me resulte más rentable”. Habla Janet, portavoz del colectivo Putas Indignadas que este martes se sienten aún más indignadas por la ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual que el partido socialista en el Ayuntamiento de Barcelona presentará en el pleno del viernes. Su presidente, Jaume Collboni, ha informado este martes de la petición, con la que se pretende "erradicar la demanda", y que incluirá sanciones y medidas de prevención contra proxenetas, clientes y personas que se benefician de esta “forma de esclavitud”.

El socialista ha reprochado a la alcaldesa, Ada Colau, que se haya manifestado partidaria de tratar la prostitución como profesión porque, en su opinión, "es estar a favor de una actividad económica que usa el cuerpo de la mujer como un mero objeto sexual de consumo” y consolida de forma legal una forma de dominación.

El anuncio ha enervado tanto a los colectivos de prostitutas como a las entidades que trabajan por sus derechos, que han convocado una concentración para el jueves (19.30 horas) en la plaza de Sant Jaume.

Desde el ayuntamiento también han criticado una propuesta que confunde “una vez más e intencionadamente la trata y el trabajo sexual, cuando el primero es una forma de explotación y el segundo una ocupación igual de digna que las otras que desgraciadamente no cuenta con los derechos que requeriría”, en palabras de Laura Pérez, concejala de Feminismos y LGTBI.  “Dicen defender el derecho de esas mujeres y proponen la persecución de sus clientes, lo que ellas han denunciado centenares de veces como una práctica que les genera más precariedad y clandestinidad”, agrega Pérez. “Seguiremos trabajando para garantizar el ejercicio del trabajo sexual en las mejores condiciones posibles, no perseguiremos a quienes lo ejerzan”.

Estrategia política

Para los colectivos de prostitutas se trata de una estrategia política para “desestabilizar a Ada Colau”, concede Janet, para quien la propuesta del PSC “dispara la alarma social metiendo en el mismo saco la trata de personas y la explotación sexual y a quienes ejercen libremente este oficio”. La portavoz de las prostitutas recuerda que la explotación laboral y los abusos no son exclusivos de las trabajadoras del sexo, y cita los ejemplos de las ‘kellys’ o de las temporeras de la fresa de Huelva.

Janet explica que su colectivo agrupa a mujeres de 20 a 75 años que mantienen a sus familias con su actividad sexual. “Con nuestro trabajo invertimos en I+D porque la mayoría de nuestros hijos y nietos tienen estudios y pueden ir a la universidad. Nuestro oficio nos empodera y da estabilidad y sustento a los nuestros”.

Una medida que criminaliza

La propuesta del PSC no es nada nuevo bajo el sol. Ya en el 2005, durante el Gobierno del tripartito, se aprobó una ordenanza municipal de civismo y convivencia para multar a las mujeres por ofrecer servicios sexuales en la vía pública y se constató, subraya Janet, que lo único que se consiguió fue “estigmatizar más al colectivo y criminizalizarlo”.

Aquella ordenanza, agrega, nació en pleno ‘boom’ de la marca Barcelona y la “pobreza, ya se sabe, no gusta en la puerta de casa; quisieron expulsarnos a todos”. Distintos estudios han ratificado que prohibir la prostitución callejera no es efectiva y solo comporta más precariedad y victimización.

Además, aporta la asociación Genera, se vulneraron los derechos de las trabajadoras voluntarias y las víctimas de trata, siendo estas últimas las que más multas recibieron perjudicando aún más su difícil situación.

Desde Putas Indignadas insisten en que la ordenanza socialista tendrá consecuencias muy graves para las esclavas sexuales. “Es muy difícil pasar de víctima a denunciante y verdugo. Esas chicas tienen miedo, familias amenazadas en sus tierras de origen. Lo que hay que hacer es abordar el problemas con soluciones reales y más recursos”, sostiene Janet.

Miedo a denunciar

En la misma línea se expresa Clarisa Velocci, portavoz de Genera. “Es una medida electoral gravísima e irresponsable que comportará más clandestinidad. Las redes de trata y los proxenetas se frotan las manos porque seguirán operando con más facilidad: las víctimas tendrán más miedo a denunciar y más desconfianza. ¡Todo el trabajo social que se ha hecho se irá al garete!”.

La prostitución no desaparecerá, prosigue la activista, pero se ejercerá con más peligro y se disparará el empobrecimiento y la desigualdad.  Velocci lamenta que los socialistas no hayan consultado a las entidades y colectivos afectados. “No saben de lo que hablan. Confunden a las trabajadoras voluntarias con las de la trata; a los clientes con los proxenetas, y a los de trata con los traficantes”.

Mercè Meroño, presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció, se suma a las encendidas críticas. “Reactivar la ordenanza conllevará más precariedad y desprotección. Ya se vio que inflar a las mujeres con multas no es la solución y dificultaba el acceso de esas mujeres a los servicios sociales. Se demostró que no funcionaba, pero los políticos no aprenden. No escuchan”. 

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