26 familias llevan más de siete meses esperando su piso de protección oficial en Barcelona

Cada una de las 26 familias afectadas, 13 por bloque, lo lleva como puede. Ninguna bien del todo, como es lógico. La mayoría, demasiado bien, para la situación con la que lidian. Todas ellas organizaron su vida contando con que la Navidad del año pasado la pasarían en su nueva casa. Así se lo aseguró el Instituto de la Vivienda tras ser afortunados en septiembre del 2017 en el sorteo de las dos promociones de pisos de protección oficial en régimen de derecho a superficie de Can Batlló. Edificios -uno en la calle de la Constitució, justo frente al famoso Bloc 11, y otro en la de Parcerisa- que ya estaban terminados -dato no menor- cuando se realizó la rifa, con lo que, en aquel momento, la fecha que les planteaba la administración parecía del todo creíble. Casi un año más tarde, y después de que se les dijera primero que finalmente sería en febrero, después, en Semana Santa, ya no se creen nada.

"Lo que más nos duele es la falta de comunicación y de transparencia en un tema tan sensible como el de la vivienda, precisamente por parte de un gobierno municipal que se suponía que se caracterizaba por su apuesta por la transparencia y las políticas de vivienda", señala Lidia Ruiz, una de las afectadas, madre de un niño de dos años y medio y embarazada de 38 semanas. "En la última reunión que mantuvimos con el distrito y con el Instituto de la Vivienda, el lunes pasado, no nos dieron ninguna nueva fecha. Ahora mismo no tenemos ningún calendario sobre la mesa. Eso sí, lo que todos tenemos es una cartilla en la entidad bancaria con la que el ayuntamiento tenía la hipoteca para construir los bloques. Para eso sí se dieron prisa", denuncia la joven, a quien, durante el largo periodo de espera le finalizó -como a tantos- el contrato de alquiler del piso en el que aún vive. "Hemos tenido que renovar el contrato, claro, ¿qué íbamos a hacer? Nos han subido el alquiler 200 euros y tendremos que pagar una indemnización si dejamos el piso antes de que finalice el contrato,aunque al paso que vamos, ya no sé si eso pasará", ironiza.

De padrones y matrículas

A Xavi Fortes, padrastro de un niño de ocho años, otro de los afectados que se han organizado en plataforma informal para coordinar su lucha, también le está a punto de vencer el contrato y le subirán el alquiler un 25%. La cruda realidad de cientos de familias barcelonesas en el 2018, nada nuevo bajo el sol. El problema de Lidia, Xavi y las otras 24 familias en pie de guerra, es que ellos tienen un piso municipal adjudicado desde el otoño del 2017 al que no pueden acceder por una cuestión burocrática. "Se trata de un problema técnico, seguro, pero también de voluntad política. Si alguien de arriba da un golpe sobre la mesa esto se desencalla", señala Wolfang Barrios, casado, con dos hijos, otro de los damnificados organizados.

"Lo que más nos duele es la falta de comunicación y de transparencia en un tema tan sensible, precisamente por parte de este gobierno"

Lidia Ruiz

— Futura vecina afectada

Las dos promociones encalladas combinaban los realojos de las familias afectadas por la transformación urbanística del viejo recinto fabril, un 50% de los pisos, una victoria del barrio, ya que ha supuesto el final de la vergüenza de las barracas que aún persistían en el Camí de la Cadena -estos sí se han podido entregar, al ser en régimen de alquiler-, y otro 50% sorteados en la bolsa municipal general; los que esperan Lidia, Xavi y Wolfang, solo tres ejemplos de un colectivo heterogéneo. Esa era la gracia de la promoción, que convivieran familias diversas para crear un tejido vecinal mixto. Huir del gueto.

Hay familias que viven en Gràcia y han apuntado a sus hijos al colegio en Sants -donde supuestamente vivirán en breve- y en septiembre tendrán que cruzar media ciudad en metro para ir cada mañana al cole. Otras los han apuntado al cole donde aún viven ante la incertidumbre y no saben si a medio curso podrán cambiarlos. Muchos que han avisaron en sus actuales pisos de alquiler que se iban y finalmente no se han ido, poniendo sus vidas en manos de la buena fe de los propietarios. Una familia se hizo hacer los muebles a medida -a la medida de su futuro piso, claro- y los están pagando a plazos, mientras pagan a la vez un trastero donde guardarlos, porque en el piso en el que viven ahora no les caben. Hay otra embarazada a quien se le acabó el contrato de alquiler, metió sus cosas en un trastero -que también está pagando- y se instaló en casa de su madre... Por no hablar del sinvivir que es vivir entre cajas. 

"Hemos pedido al ayuntamiento que tengan la decencia de quitar de la web municipal que nuestros pisos están entregados, que no se pogan la medalla"

Wolfang Barrios

— Cargo del autor de la cita

Cuando se fueron a quejar al Instituto de la Vivienda de todos los problemas que les acarrea el retraso - además de lo ya expuesto, cuestiones de padrón, de zonas verdes...-  les vinieron a decir que a ellos qué les contaban, que no era su competencia. "Nos contestaron que el ayuntamiento era una institución jerarquizada, donde no fluía la información. Que a ellos no podían hacer nada en esos cuestiones", se indigna Wolfang, quien añade que, en la misma reunión les pidieron que, al menos, tuvieran la decencia de quitar de la web municipal que esos pisos están entregados. "Como mínimo -sentencia- no se pongan la medalla". 

Entrega en el aire

Xavi pone, además, otro tema nada menor sobre la mesa. Las condiciones económicas de algunas familias han cambiado, a peor, en estos meses. Cuando les hicieron el estudio de viabilidad -en otoño del 2017- eran unas, y ahora, casi un año más tarde, son otras. Cuando llegue el momento de firmar la hipoteca de verdad -lo que firmaron era lo que se conoce como un "contrato promesa"- les harán un nuevo estudio, y habrá que ver qué pasa.  

Hasta el pasado 22 de mayo, y después de bombardearlos a llamadas y a correos, el Instituto de Vivienda no organizó la primera reunión conjunta, en la que los afectados se conocieron y organizaron. Fueron también a visitar a la Síndica de Greuges, quien les informó de que todo lo que fuera cuantificable lo podían reclamar (los disgustos, los nervios y el estrés no son económicamente cuantificables, claro).

Hay familias que viven en Gràcia y han apuntado a sus hijos al colegio en Sants, donde supuestamente vivirán, y tendrán que cruzar la ciudad para ir al cole

Fuentes municipales justifican que el problema es que "hay un desajuste entre las datos del catastro y los solares donde se han construido estas viviendas". Según el registro, el edificio se ha construido ocupando un solar vecino, cuando el edificio se ha levantado realmente tocando la pared medianera del edificio vecino. En la última reunión con las familias, el Instituto de Vivienda informó que los equipos técnicos -topógrafos- del decanato del registro de la propiedad y los del instituto han acordado trabajar juntos "para determinar estos desajustes y trasladarlos al catastro a fin que se hagan los ajustes correspondientes, pero en paralelo que se puedan inscribir estas viviendas en el registro y no tener que esperar a estas modificaciones". 

Lidia, Wolfang y Xavi explican sus historias -preparan también una visita a Santa Jaume para el próximo pleno municipal- en el bar del Bloc 11 de Can Batlló, a pocos metros de sus deseadas y ahora inaccesibles -incluso custodiadas por un vigilante privado- casas. "Este es un barrio de luchas. Aquí nunca nos han regalado nada, todo se conquista. Bienvenidos a Sants", les dice cariñosos Jordi Soler, histórico líder vecinal del territorio, en ese momento en el turno de barra.