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ACUERDO

Colau obligará a los constructores a dedicar el 30% a vivienda protegida a partir de otoño

La alcaldesa acepta no exigir el porcentaje hasta la aprobación definitiva de la medida

El cambio lleva a ERC y al PSC a votar a favor y asegurar la aprobación del requisito

Toni Sust

Colau, tras la aprobación inicial, en junio, de la imposición de un 30% de vivienda social a los promotores privados.

Colau, tras la aprobación inicial, en junio, de la imposición de un 30% de vivienda social a los promotores privados. / FERRAN NADEU

Barcelona ha aprobado este lunes que los promotores de nuevas construcciones y responsables de rehabilitaciones que den pie a nuevas viviendas se vean obligados a destinar un 30% de los pisos a vivienda protegida. Así lo ha decidido la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, con los votos a favor de Barcelona en Comú, de ERC, del PSC y de la CUP, la oposición del PP y la abstención del PDECat, de Ciutadans y del concejal no adscrito Gerard Ardanuy.

Lo que no va a suceder es que la norma sea de inmediata aplicación, como quería el gobierno de Ada Colau, que al final ha aceptado esperar a aplicarla a su aprobación definitiva, prevista para otoño próximo, para que ERC y el PSC se sumaran al sí y aseguraran de esta forma que la iniciativa, medida supone una modificación del Plan General Metropolitano, prosperaría. Sin dejar de ser crítico con la gestión del gobierno, el republicano Jordi Coronas se ha felicitado por el cambio de fecha de aplicación. El socialista Daniel Mòdol, pese a votar también a favor, ha denunciado que no estaba muy claro que la nueva medida cuente con la cobertura jurídica necesaria. Todos los grupos, al margen de su voto, han criticado las formas y las prisas de Colau.

La previsión del gobierno hasta esta misma mañana era que a partir de esta semana solo se concedieran licencias en los casos en los que los promotores se comprometieran ya a ese 30% de vivienda protegida. En la práctica, suponía suspender las licencias que no contemplaran el porcentaje, algo que para socialistas y republicanos era un error, al margen de una mina potencial de reclamaciones judiciales.  Consideraban que amenazaba con frenar la construcción y elevar todavía más el precio de la vivienda, al margen de destruir empleo. La CUP ha defendido sin éxito que el 30% fuera de aplicación de forma inmediata.

El calendario previsto pasa ahora por un mes de exposición pública de la iniciativa, que, agosto mediante, llevará la aprobación definitiva municipal al plenario de septiembre u octubre. Posteriormente, la subcomisión de Urbanisme de la Generalitat debe darle el plácet. Y entonces ya no habrá quien esquive la obligación de ceder parte de la vivienda al parque protegido.

A quién afecta

La cesión de un 30% para vivienda protegida será obligatoria en los casos de edificios plurifamiliares, en nuevas promociones y reformas que incluyan nuevas viviendas que en total superen los 600 metros cuadrados. Quedan exentos los edificios protegidos y en ámbitos en los que ya exista una reserva de vivienda protegida. El consistorio calcula que la cifra total de pisos anuales que se construyen cada año en nuevas promociones y reformas es 1.114, por lo que considera que la norma del 30% dará cada año a Barcelona 334 nuevas viviendas protegidas.

Para el consistorio, que da por hecho que se logrará más vivienda vía la reforma que las nuevas promociones, el sistema garantiza la obtención de vivienda protegida en zonas céntricas en las que no se encuentra, porque es en estas zonas en las que se concentra la mayor actividad de los grandes operadores. Lo que no es posible es imponer al promotor que dedique un piso a alquiler o venta. La decisión será suya, si bien el consistorio puede hacer uso del derecho de tanteo y retracto y comprar viviendas para destinarlas a alquiler.

Quién se libra

Quienes compraran un solar entre el 1 de junio del 2016 y la fecha de la futura aprobación definitiva de la medida no tendrán que destinara el 30% a vivienda protegida: se considera que eso sería perjudicarlos por el precio de compra que pagaron. Si la adquisición se produjo antes del 1 de enero del 2016 sí debe aportarse el porcentaje, porque los estudios indican que los precios de entonces eran más bajos y no existe perjuicio a la propiedad. Si el solar fue comprado entre el 1 de enero y el 1 de junio del 2016, la cesión tendrá que ser del 20% y no del 30%.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha expuesto el objetivo central de la medida: ampliar el parque protegido y hacerlo en zonas céntricas para combatir la gentrificación: el fenómeno por el cual los vecinos de un barrio deben abandonarlo porque no pueden asumir los precios y son reemplazados por nuevos vecinos más adinerados.

El origen: la moción

El debate tiene su origen en una moción relacionada con la vivienda que todos los grupos menos el menos el PP votaron favorablemente en el pleno de febrero después de que la presentaran la PAH, la FAVB, el Sindicat de llogaters, el Observatori DESC y Assemblea de barris per un turisme sostenible. 

BCN pide que la vivienda con protección pública no la pierda nunca

Poco antes de que la comisión de Urbanismo se iniciara, a las cuatro de la tarde, representantes de las entidades que impulsaron la modificación de la norma, la PAH, la FAVB, el Sindicat de llogaters, el Observatori DESC y Assemblea de barris per un turisme sostenible, han comparecido junto con la alcaldesa, Ada Colau,  la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, y los concejales de ERC Jordi Coronas y Montse Benedí. Todos se han felicitado por la inminente aprobación del requisito de un 30% de vivienda protegida para nuevas promociones y reformas que den pie a pisos nuevos. De hecho, las entidades han jugado un papel clave, al participar en la negociación y contribuir a que el gobierno se decidiera a postergar la aplicación de la norma a su aprobación definitiva y desistiera de aplicarla a partir de la aprobación inicial, esta semana.

Colau ha afirmado que si bien un 30% de aportación de vivienda protegida no acabará con todos los problemas de la ciudadanía, pero supondrá “un cambio de paradigma” porque equivale a “corresponsabilizar” al sector privado de la cuestión. La alcaldesa ha recordado de nuevo que considera imprescindible la reforma de la ley de arrendamientos urbanos para ampliara de tres a cinco años la duración de los contratos del alquiler, así como un límite a los precios. Colau se ha referido también a un aspecto que históricamente ha contribuido  a menguar el parque de vivienda protegida: la posibilidad de que después de 20 o 30 años se conviertan automáticamente en viviendas libres, lo que permite su venta a precio de mercado. Por eso, ha solicitado a la Generalitat que acabe con esa posibilidad y que las viviendas protegidas no dejen de estarlo nunca y cumplan así de forma permanente con su función social.