CONFLICTO

Denuncia por profanación por los nichos derrumbados de Montjuïc

El grupo de nichos que se derrumbaron el viernes en el cementerio de Montjuïc.

El grupo de nichos que se derrumbaron el viernes en el cementerio de Montjuïc.

Toni Sust

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Familiares de algunos de los difuntos que descansaban en los 144 nichos del Cementerio de Montjuïc que se vinieron abajo el 15 de septiembre del 2017 presentarán durante el mes de junio una denuncia contra la empresa y contra su principal responsable, Jordi Valmaña, por profanación y malversación, por considerar que no se actuó correctamente ni antes ni después del derrumbe. La denuncia por profanación está vinculada con el después, con el tratamiento que se otorgó a los restos humanos cuando estaban todavía mezclados con escombros. Operarios de Cementiris de Barcelona los separaron sin la presencia de un especialista y dejaron los restos humanos a disposición de dos antropólogas que iniciaron su trabajo días después, y que, por lo tanto, no pudieron supervisar la operación. Los escombros fueron sacados del camposanto.

La denuncia por malversación está vinculada con el antes: con la convicción de que el origen del problema ha sido la falta de mantenimiento por parte del cementerio, por lo que los impulsores de la iniciativa legal consideran que se dio otro uso a dinero que debía haberse destinado a cuidar del estado de los nichos.

Las denuncias serán presentadas por dos despachos de abogados que trabajan de la mano en esta causa: el despacho Palacio-Lassaletta y el de Miguel Durán. José María de Palacio, que representa a familiares que tenían 14 de los nichos, en los que en total reposaban 56 difuntos, es el que relata la decisión de llevar al consistorio a los tribunales. De Palacio subraya que los responsables del camposanto no han logrado cambiar la impresión que tuvo de entrada: que no se había actuado correctamente y que se intentó cerrar el tema a toda prisa. 

Indemnizaciones de 5.000 euros

De Palacio critica también que se haya intentado zanjar la cuestión ofreciendo a las familias un pago de 5.000 euros a cambio de que renuncien a reclamaciones posteriores. Dice que ninguno de sus representados ha aceptado, aunque le costa que hay gente que sí lo ha hecho, y advierte de que en todo caso el compromiso que supone haber aceptado ese dinero puede ser nulo si finalmente se demuestra que existió responsabilidad por parte de la empresa. Contempla una reclamación económica por parte de sus representados, todavía por determinar, pero insiste en que el dinero no es lo principal.

El abogado recalca que los familiares a los que representa siguen dolidos por el trato recibido. Recuerda con tristeza el proceso de exhumación de restos que tuvo lugar semanas atrás para que los de 24 difuntos fueran sometidos a la prueba del ADN. "En los nichos en los que fueron recolocados los restos, los familiares apuntaron los nombres de los suyos con boli negro". Y siempre sin abandonar la desconfianza que han tenido sobre si los restos en cuestión eran o no los de sus parientes.

La de que se hicieran pruebas de ADN es una reclamación que los afectados han lanzado desde el primer día. No fue fácil lograrlo y el proceso no ha sido sencillo: se tuvo que abrir un concurso de adjudicación de las pruebas, que corren a cargo de expertos de la UAB y cuyos resultados no se conocen todavía. De forma paralela, desde septiembre dos antropólogas han trabajado en Montjuïc para analizar los restos e identificarlos en lo posible. Cuenta De Palacio que a diferencia del trabajo de Cementiris, el de las antropólogas sí les ha parecido adecuado. Pero insiste en que el problema se dio antes de que llegaran, cuando la empresa decidió remover restos sin esperar a la presencia de especialistas. Cuando, recuerda de Palacio, en cualquier obra normal, a menudo de gran envergadura, la presencia de algún resto arqueológico obliga a detener los trabajos para determinar si hay que conservar o no lo encontrado.

Incógnitas

El eco del derrumbe de Montjuïc ha llenado de incógnitas a los familiares de quienes estaban enterrados en los 144 nichos. En algunos casos, ha aparecido solo la mitad de un cuerpo. En otros, el ataúd que aparece no tiene nada que ver con el que la familia eligió para su muerto. En otros, una pieza determinada que se usó para trasladar a un difunto y que serviría para su identificación no aparece. Los cuerpos de quienes fueron enterrados hace menos, lógicamente, fueron los más fáciles de identificar. Pero como fueron enterrados de nuevo provisionalmente sin la presencia de familiares, también en algunos de estos casos persisten las dudas de los familiares.

"Si en una fosa de la guerra civil se puede identificar a los que están allí enterrados, ¿cómo no será posible hacerlo en el caso de unos nichos que estaban identificados y de los que se tenía toda la información sobre los difuntos que habían sido enterrados allí?", se pregunta De Palacio, que desde que empezó el caso también lo compara con el del Yak 42 que se estrelló en mayo del 2003 en Turquía cuando trasladaba a 62 soldados españoles, 12 tripulantes ucranianos y uno bielorruso.

La gestión para repatriar los cadáveres se saldó con identificaciones incorrectas que llevaron a la entrega de cuerpos a familias que no eran las suyas. El mes pasado, 15 años después, Turquía encontró en un cementerio la pierna de una de las víctimas del accidente. Por ello, la Audencia Nacional anunció en junio que reabría la investigación.

El silencio de Colau

Entre los hechos que más lamentan los familiares de los sepultados figura un silencio. Constata De Palacio que los afectados no comprenden como en una situación de tanta gravedad emocional, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se haya puesto en contacto con ellos en ningún momento.