Colau quiere imponer ya un 30% de vivienda protegida a todas las promociones

El gobierno de Ada Colau negocia con varios grupos de la oposición para aprobar el próximo lunes una modificación del Plan General Metropolitano que de prosperar tendrá como consecuencia principal una nueva norma: la obligación de que cualquier promoción o reforma relevante destine un 30% del espacio a vivienda protegida. La iniciativa no nace hoy, proviene de una moción impulsada por varias entidades -la PAH, el Sindicat de Llogaters, la FAVB, el Observatori Desc y la Assemblea de barris per un turisme sostenible- que el pleno municipal aprobó en el pleno de febrero con el respaldo de todos los grupos menos el PP. Pero es ahora, a dos días para que el asunto se discuta y se vote en la comisión de Urbanismo, en una reunión prevista para el lunes, cuando aparecen las dudas. El gobierno de Colau calcula que la medida proporcionaría entre 300 y 400 pisos protegidos a la ciudad anualmente.

Tanto ERC como el PSC, entre otros grupos, presentan serias reservas sobre un aspecto concreto: cuándo entraría en vigor la obligación de destinar ese porcentaje a vivienda protegida. Según ha relatado este viernes la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, la voluntad del gobierno de Colau es que en el caso de que la propuesta sea aprobada inicialmente el lunes, entre en vigor el martes. A partir de entonces, se reclamaría a cualquier privado que solicite una licencia el cumplimiento del 30%. La aprobación definitiva llegaría en el pleno municipal de septiembre u octubre, y requeriría el plácet final de la subcomisión de urbanismo de la Generalitat.

Según Sanz, el consistorio se ha asegurado de que ningún promotor se vea perjudicado por la modificación. Por eso, dice, se ha decidido que aunque se apruebe la modificación del PGM hay un colectivo que no se verá afectado por la nueva normativa: los promotores que compraron un solar o edificio entre el 1 de enero del 2016 y el próximo lunes, tendrán hasta dos años más a partir de la aprobación definitiva de la cesión obligatoria del 30% para pedir la licencia sin verse obligados a aplicarla. El gobierno municipal considera que a la vista de los precios de la época, los que compraron hasta diciembre del 2015 no se verían perjudicados por las nuevas condiciones. En cuanto a los que sí tendrán que lidiar con la norma, Sanz afirma: “No les hará perder dinero. Les hará ganar un poco menos”.

Suspensión o no concesión

Pero lo que verdaderamente separa al gobierno de Barcelona en Comú de grupos como el de ERC y el PSC es qué sucederá entre la aprobación inicial y la definitiva. El consistorio advierte de que en ese periodo, el de los citados cuatro o cinco meses, los promotores solo recibirán licencia si aceptan reservar un tercio para vivienda protegida. Para la oposición, eso supondría una suspensión de licencias. Para el gobierno municipal, sencillamente, significaría la no concesión por incumplimiento de una norma vigente. Y aquí entran en juego dos evaluaciones de riesgo distintas.

Para la oposición, como destaca el concejal de ERC, Jordi Coronas, el riesgo es que la actividad constructora se reduzca, que se hagan menos de los cerca de 1.000 pisos que se construyen en Barcelona cada año, que ello reduzca la oferta y acabe incrementando los precios, al margen de los empleos que se puedan perder. Coronas también contempla la posibilidad de que promotores que vean denegada su licencia lleven el tema a los tribunales y acaben generando reclamaciones patrimoniales contra el consistorio.

Sanz, por su parte, considera que es un riesgo aprobar inicialmente la norma y no aplicarla hasta su aprobación definitiva, porque en esos cuatro o cinco meses, advierte, podría haber un alud de peticiones de promotores que se aseguren así no tener que ceder el 30% de sus pisos.

La dificultad de votar en contra

Barcelona en Comú da por hecho que tanto el PSC como ERC y el PDECat en menor medida lo tendrán difícil para votar en contra el lunes sin que su posición chirríe. No solo porque en febrero aprobaron la moción de las entidades, sino porque incrementar el parque de vivienda protegida es una necesidad que defienden.

Si se abstienen, todo indica que la propuesta será aprobada inicialmente, porque se requerirá de una mayoría simple y como mucho solo el PP y Ciutadans, ocho concejales entre los dos, votarán en contra. Un número inferior al

BComú sabe que el PDECat, ERC y el PSC no lo tienen fácil para votar en contra

de los votos a favor de Bcomú y la CUP y probablemente del concejal no adscrito, Gerard Ardanuy; 15 ediles en total. Las entidades promotoras de aquella moción han pedido este viernes a la oposición que sea coherente.

Protestas tras el suicidio

El debate se produce en un contexto en el que el precio de la vivienda de alquiler es prohibitivo en Barcelona y poco después del suicidio de un hombre este jueves en Cornellà cuando iba a ser desahuciado. Un centenar de personas convocadas por la PAH ha mostrado su protesta en una concentración en la localidad. La plataforma también ha llamado a protestas ante sedes del Banco Popular, entidad propietaria de la vivienda, en toda España.