El sector turístico y la oposición reclaman flexibilizar el plan de alojamientos turísticos

Dos años después de la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), los operadores turísticos siguen sin resignarse a las restricciones que fijó: representantes de 15 asociaciones del sector han exigido hoy más “diálogo” al gobierno municipal para flexibilizar su aplicación, en el transcurso de la sesión de la comisión no permanente de estudio de la situación económica de Barcelona, una iniciativa impulsada por el PSC tras su expulsión del gobierno municipal. Una demanda que, a un año de las elecciones municipales y en momentos de alta tensión con el resto de grupos políticos municipales, ha encontrado el eco favorable de la oposición, incluyendo a grupos como los socialistas que, junto con ERC, votaron en su día a favor de la aprobación del Peuat.    

El grupo socialista, en concreto, ha reclamado a la alcaldesa Ada Colau que elabore un nuevo plan hotelero antes de que acabe su mandato, en el marco del Plan Estratégico de Turismo y en colaboración con el sector, que sirva “para planificar y no para limitar”. Mientras, el concejal del PDECat Jordi Martí ha puesto “fecha de caducidad” al Peucat “cuando existan los recursos para cambiarlo". Mientras el grupo de Xavier Trias ha reclamado “más colaboración entre los sectores público y privado”, Ciudfadanos ha tachado de “destructivo" elplan.  

Decrecimiento

Este plan estableció un crecimiento cero de las viviendas de uso turístico (que pasaron de 824 a 9.606 entre los años 2011 y 2014), permitiendo solo la creación de nuevas plazas en las zonas menos congestionadas cuando se cierren otras en el centro de la ciudad, y frenó la aprobación de nuevas licencias de hoteles en la zona del centro señalada como de “decrecimiento”. El concejal de Comercio y Mercados, Agustí Colom, ha defendido la normativa, “un instrumento pensado para redistribuir el impacto del turismo y mantener el equilibrio comercial”.   

En el debate sobre los efectos del plan puesto en marcha en el 2016, el director general del Gremio de Hoteles de Barcelona, Manel Casals, ha sostenido que “no da soluciones a los problemas que tenemos” y no sirve para facilitar “la mejora continua de la planta hotelera de la ciudad”. Por ese motivo ha reclamado al gobierno municipal “una revisión cuidadosa del plan para garantizar que vele por la seguridad jurídica”. Hasta 37 hoteleros cuyos proyectos han quedado bloqueados tras haber hecho inversiones mantienen litigios contra el plan.

Aún más agria ha sido la postura de Apartur, la asociación que representa a los pisos turísticos (muchos más afectados por el Peuat que los establecimientos hoteleros existentes en la ciudad o aprobados antes de la entrada en vigor de la normativa). Según su representante, Enrique Alcántara, “un tercio de la demanda de alojamiento a nivel mundial se dirige a los apartamientos turísticos, y en lugar de esconder la cabeza o hacer medidas populistas se debería afrontar el problema y convertirlo en una oportunidad”.

Un tercer interlocutor, el Gremi de Restauració de Barcelona, enfrentado con el gobierno de Colau en frentes como la ordenanza de terrazas y representado en la sesión por Roger Pallarols, ha acusado de “desconocimiento e incomprensión” y de “imposición y falta de diálogo” al consistorio. Para acabar de calentar una crispada semana, Pallarols ha expresado su comprensión hacia la concejal de Ciudadanos Carina Mejías tras su rifirrafe con el teniente de alcalde Gerardo Pisarello, a quien atribuyó “formas inapropiadas”.

“El Peuat no ha parado el turismo porque no es lo que pretendía, su objetivo era poner orden al desorden”, ha replicado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.  El contrapunto lo ha dado Albert Recio, en representación de la FAVB, ha mostrado su preocupación por la "saturación turística de Barcelona y la expulsión de los vecinos en algunas zonas".