Colau vinculará las ayudas a la rehabilitación a los alquileres 'justos'

Tras visitar este miércoles el Congreso de los Diputados para vindicar (y escenificar) la urgencia de la reforma de la LAU, la alcaldesa Ada Colau se ha rodeado este jueves de la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, y del concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner para presentar ante los medios las novedades en su política de vivienda. "Esto parece el mundo al revés. Pese a ser la administración que menos recursos y competencias en materia de vivienda tiene, somos los que más estamos haciendo e invirtiendo para hacer frente a las consecuencias de la nueva ola especulativa que vive el Estado", ha insistido hasta la saciedad la alcaldesa, quien ha subrayado que durante su gobierno el consistorio ha doblado la inversión en rehabilitación y que Barcelona será la primera ciudad en darle una utilidad al índice de precios del alquiler. Un índice de referencia que por primera vez se vinculará a la obtención de las ayudas públicas para la rehabilitación, ayudas en las que la ciudad prevé invertir 42,5 millones durante este 2018, y que seguirán condicionadas a las bautizadas como cláusulas antigentrificacióncláusulas antigentrificación ya introducidas en anteriores convocatorias de este mismo mandato, como la obligación de la renovación a los actuales inquilinos por un mínimo de cinco años o la obligación de ceder a la bolsa municipal de alquiler los pisos vacíos en las fincas a rehabilitar.  

"Alguien podría decir que la introducción de tantas cláusulas podría frenar las rehabilitaciones, pero los números dicen precisamente lo contrario. El parque de viviendas de la ciudad está experimentando más rehabilitación que nunca. Si en el mandato anterior se dieron 700 ayudas al año, en este la media está en 1.500,  más del doble", ha señalado la alcaldesa, quien estima que esta nueva convocatoria de subvenciones permitirá mejorar cerca de 16.000 viviendas al año y provocar una inversión privada de 120 millones y generar 3.800 puestos de trabajo "en un sector estratégico para la ciudad".

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Programa especial para las fincas más vulnerables

Otra de las novedades que incorpora la convocatoria de las ayudas a la rehabilitación presentada este jueves se enmarca en el desarrollo del plan de barrios, iniciativa que se está desplegando en 16 barrios de la ciudad para luchar contra la desigualdad territorial. En concreto, en el programa de vivienda de este plan, dotado con 15,3 millones y que, en función de los casos, puede llegar a cubrir hasta el 100 % de la rehabilitación de las fincas más vulnerables. En este contexto, el ayuntamiento ha puesto en marcha un programa específico dirigido a fincas de alta complejidad, que va dirigida exclusivamente a aquellas comunidades que se encuentran más desestructuradas, que no tienen muchos recursos, que en la mayoría de casos tampoco tienen administrador de la finca, y que muchas veces ni siquiera han constituido la comunidad de propietarios.

Una de las características más innovadoras de este plan específico es la detección previa de las fincas con más alta complejidad, fincas a las que literalmente se ha ido a llamar puerta a puerta, para ofrecer estas ayudas. "La idea surge de la constatación de que las ayudas a la rehabilitación no llegaban a quiénes más las necesitaban, así que había que ir a buscarles", ha señalado la alcaldesa.

158 informes positivos

El programa de fincas de alta complejidad se centra en un universo de 404 edificios, elaborado partir del 'Estudio de detección de ámbitos de vulnerabilidad residencial', redactado por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), y "el trabajo y el conocimiento que los equipos de los distritos y de las oficinas de vivienda".  Según ha explicado el concejal de Vivienda, los equipos de gestión de este programa ya están trabajando con 225 fincas, de las que hasta el momento se ha emitido 158 informes positivos, firmado 85 convenios de asesoramiento, y 32 comunidades están ya preparadas para firmar los convenios de ejecución de las obras en cuanto se publiquen oficialmente las convocatorias de subvenciones, lo que sucederá en los próximos días.

Uno de los motivos por los que una finca puede ser vetada para entrar en el plan es que no tenga el 70% de los pisos no están habitados de forma legal. Si el 30% de los pisos están vacíos -y sus propietarios declinan ofrecerlos a la bolsa de alquiler- o okupados, estas fincas quedarán vetadas, así como si su propiedad es vertical (si todos los pisos son de un mismo propietario). 

Fachadas, medianeras y ascensores

La convocatoria general para el 2018, de la que también quedarán excluidas las viviendas destinadas a uso turístico, está dotada de 21,2 millones y cuenta con ayudas específicas destinadas a subvencionar patologías estructurales, obras no estructurales en fachadas, patios, medianeras, escaleras y vestíbulos y obras de accesibilidad como la instalación de ascensores o la supresión de barreras arquitectónicas.