BALANCE DE ACTIVIDAD DE LA UCER

BCN atendió en el 2017 a un 50% más de familias por desahucios

El consistorio afrontó 2.351 casos de desalojos, más de la mitad en viviendas de alquiler

Un 16% de los 1.362 vecinos por los que se medió el año pasado siguen viviendo en su casa

Concentración contra un desahucio en Barcelona.

Concentración contra un desahucio en Barcelona. / ARCHIVO / JORDI COTRINA

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Toni Sust

En este ambiente de precampaña prácticamente ya desatada cuando falta más de un año para las elecciones municipales, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido este martes para dar cuenta de uno de los activos que presentará a los votantes para lograr su reelección: la atención que su gobierno ha prestado a las familias que se enfrentan a un desahucio.

Junto con el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, y el gerente del área, Javier Burón, Colau ha dado a conocer los datos de la actividad de la unidad contra la exclusión residencial (UCER) durante el 2017. La UCER, creada en el 2015, atendió el año pasado a 2.351 unidades familiares, un 50% más que un año antes, cuando fueron 1.574. Un dato que podría indicar que el problema de los desahucios se ha incrementado con Colau como alcaldesa, como denuncia la oposición. La tesis del gobierno es otra: hay menos desahucios y mucha más atención a barceloneses en riesgo de sufrirlos. Verbalizada por Burón: "Nadie en Barcelona queda sin ningún tipo de solución de manera que del desahucio pase a la calle".

Para ilustrarlo, en la misma comparecencia, Montaner ha subrayado que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los procesos judiciales por desalojos se han reducido un 22% desde el 2014. En el mismo periodo (es decir, contando el último año de Xavier Trias como alcalde) Barcelona ha incrementado un 245% la atención a los amenazados por desahucios. La argumentación tiene otra pata: el ayuntamiento defiende que en una época en la que hay menos desalojos atiende a más afectados, y con un esfuerzo muy superior al de la Generalitat y el Gobierno central, que, respectivamente, siempre según la denuncia de la alcaldesa, mantiene una escasa o mínima colaboración en este frente social.

Colau ha criticado especialmente la escasa aportación estatal y ha dicho que está dispuesta a "llevar los miles de casos de desahucio que hay hasta el despacho del ministro", en alusión al titular de Fomento, Íñigo de la Serna. También ha cargado contra el hecho de que en el Congreso se apruebe acelerar los desahucios en lugar de aumentar la protección a los desahuciados.

7.760 personas atendidas

Las 2.351 unidades familiares atendidas en el 2017 suman en total 7.760 personas, de las que 5.383 son adultas y 2.377, menoresEl perfil del hogar atendido está compuesto por 3,3 personas, en su mayoría con integrantes menores de edad, con ingresos mensuales inferiores a 570 euros en el 57% de los casos e inferiores a 855 euros en el 72%. De las familias atendidas, un 51% vivía de alquiler; un 36% en precario (ocupando la vivienda); un 7%, en vivienda de propiedad. Del 6% restante no hay datos.

En un 95,5 % de los casos, los propietarios de las viviendas en las que se dictó el desahucio son pequeños tenedores (un 46,7%) o grandes tenedores que no son entidades financieras (45%). En el caso del 36% de viviendas ocupadas, un 65% son de entidades financieras. Nou Barris (16,59%), seguida de Sants-Montjuïc (16,55%) y Ciutat Vella (15,87%) encabezan la lista de familias atendidas por distritos.

Durante el 2017 se atendió a las ya citadas 2.351 unidades familiares, pero también se siguió actuando en relación con 917 procesos que venían del 2016. El año pasado se dieron por cerrados 1.362 casos, entre nuevos y antiguos. De ese total de casos resueltos, un 58% se concretó en una combinación de ayudas del consistorio y "recursos residenciales no municipales": viviendas alquiladas, de familiares o amigos, en Barcelona y fuera de la ciudad. El 42% se saldó con una "solución residencial" aportada por el ayuntamiento. De las 1.362 unidades familiares con su caso cerrado, 218, el 16%, lograron seguir en la vivienda de la que iban a ser desahuciadas.

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Las barreras

Colau ha citado como barreras para la atención a los afectados la suspensión de las leyes aprobadas en el Parlament contra los desahucios y la falta de comunicación judicial con tiempo para prevenir un desalojo: la alcaldesa ha dicho que el ayuntamiento solo conoce un 10% de los casos por aviso judicial, mientras que conoce el 90% restante vía las oficinas de vivienda. Respecto del diferente esfuerzo institucional, la alcaldesa lo ha cuantificado: "Por cada 100 euros que el ayuntamiento destina a políticas de vivienda, la Generalitat solo aporta 23 y el Estado, menos de 10". Burón ha observado un cambio de tendencia del Govern, que, ha explicado, se ha comprometido en incrementar su aportación en vivienda en la capital catalana.