Colau legitima el encierro de inmigrantes en la Escuela Massana

Tercer día de ocupación en la Escuela Massana. La noche ha sido menos concurrida que el fin de semana, con unas 30 personas durmiendo en el interior del edificio. Ha vuelto a sonar la dichosa alarma. Pensaban que la habían conseguido anular, pero les ha despertado de nuevo, esta vez con menor estruendo, a eso de las dos de la madrugada. Siguen a la expectativa de ver cómo evoluciona la reivindicación iniciada el sábado de más y mejores derechos para los inmigrantes. Mientras, el ayuntamiento, propietario del inmueble, avala la protesta asegurando que "es legítima y comprensible". ¿Cómo evolucionará la cosa? Por ahora, ni los convocantes lo saben, aunque sí tienen un objetivo claro: conseguir verse con algún representante de la Delegación del Gobierno para denunciar el laberinto burocrático en el que se ven envueltos cuando intentan legalizar su situación en nuestro país.

La protesta, pues, no tiene un guión concreto porque depende en gran medida del apoyo que vaya recibiendo en los días venideros. Lo único seguro es que el martes se reunirán con el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, responsable de la cartera de Derechos, Ciudadanía y Transparencia, con el que compartirán su lista de reivindicaciones. Enrique, uno de los impulsores, miembro de la plataforma Papers per Tothom, es de los que han pasado las dos noches en la Massana. Es un veterano y sostiene que es pronto para aventurar los próximos pasos a dar. Es consciente de que la protesta es muy amplia, y eso dificulta una única voz y una única meta. En el encierro del 2001 en la iglesia del Pi, en el que también participó, todos perseguían la nacionalización. Aquello, tras 48 días de convivencia en el templo, acabó bien. Ahora se habla de empadronamiento, asilo, papeles, contratos de trabajo, derechos, burocracia…, todo lo que tiene que ver con más y mejor atención a la inmigración, con el telón de fondo de una ley de extranjería que rechazan sin fisuras. 

España no ha resuelto ninguna solicitud de nacionalidad en dos años

Protesta "consentida"

Marc Serra, asesor de Asens, ha visitado la Massana por la mañana para dialogar con las personas que ocupan el lugar. Han intercambiado impresiones y parece que el consistorio, por ahora, no piensa echarles ni forzar su salida ya que, según un portavoz del ayuntamiento, "están abiertos al diálogo". El propio Asens, en conversación con este diario, asegura que la protesta es "consentida, legítima y comprensible y conecta con el legado de la lucha que ha protagonizado este movimiento en la ciudad". También avanza que no está previsto "por ahora" tomar ninguna medida contra la ocupación del inmueble, ya que la idea es "llegar a un acuerdo".

Ignasi Calbó, coordinador del programa municipal Ciutat Refugi, también entiende esta movilización desde el punto de vista de su negociado, el derecho a asilo. "Los impedimentos son muy grandes", dice, y la tasa de solicitudes resueltas es bajísima: dos de cada tres no pasan el corte. Desde Barcelona llevan un par de años denunciando que el sistema está colapsado, ya que se ha pasado de unos pocos miles de demandantes a casi 39.000 en el 2017. Todo, según Calbó, con los mismos efectivos.

De golpe, ilegales

Tampoco ayuda la fragilidad diaria con la que viven las personas que aspiran a la carta de refugiado. Mientras se estudia su caso, tienen un plazo de manutención que puede alcanzar los dos años y que va de más a menos prestación conforme van pasando los meses. Pero si la solicitud es denegada, de la noche a la mañana pasan a ser ilegales, con todo lo que eso significa en cuanto a derechos.

Eso es lo que le pasó a uno de los ‘inquilinos’ de la Massana que pide el anonimato. Tenía un trabajo y empezaba a echar raíces, pero al decirle ‘no’ a su demanda de asilo, le convirtieron en un simpapeles. Perdió el trabajo y ahora hace lo que puede. "Muchas empresas reciben una carta del Ministerio de Trabajo advirtiendo de que están empleando a una persona ilegal. Algunos, muy pocos, se arriesgan, pero lo normal es que te despidan". 

Este lunes a las 18 horas han vuelto a celebrar asamblea en la plaza de la Gardunya. Mantienen su voluntad de exportar los encierros a otros barrios y poblaciones del área metropolitana, pero por ahora, muscularán la Massana, a la espera de que muchos se sumen a su grito. El martes, además de hacer llegar sus demandas al consistorio, tienen previsto pedir una reunión con el subdelegado del Gobierno en Barcelona, Emilio Ablanedo. Asens no cree que vaya a servir de mucho: "Teniendo en cuenta la política de fronteras y el conservadurismo de este Gobierno, soy poco optimista". 

La frontera del padrón

Según los impulsores de la protesta, en la capital catalana viven cerca de 20.000 inmigrantes en situación de precariedad administrativa. "Racismo institucional", resumen ellos. A los ayuntamientos les reclaman más facilidad a la hora de empadronarse, lo que les daría acceso, entre otros servicios, a la educación y la sanidad. En este sentido, Asens recuerda que Barcelona ya tiene en marcha un padrón que incluso tiene en cuenta a las personas sin domicilio fijo. A esta modalidad (se inscriben en el centro de servicios sociales más cercano a su zona de influencia) ya se han sumado cerca de 8.000 personas. Al Estado le exigen una nueva ley de extranjería "que no sea tan complicada y absurda". Ponen como ejemplo el examen para obtener la nacionalidad: "¿Qué necesidad hay de saber los ríos de Andalucía cuando solo quieren recoger alcachofas?".