La jueza archiva la causa contra Janet Sanz por el hotel de Drassanes

El juzgado de instrucción número 10 de Barcelona ha determinado que la teniente de alcalde Janet Sanz no cometió prevaricación cuando denegó la licencia para la construcción de un hotel en las Drassanes, según ha avanzado este martes el diario 'Ara' y han confirmado fuentes municipales.

Sanz se amparó en los informes jurídicos efectuados por los abogados del consistorio para explicar ante la jueza por qué no firmó la licencia para construir el hotel de lujo de las Drassanes. La representante municipal declaró como investigada por la querella presentada por los promotores del establecimiento, que la acusaban de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión.

La edila explicó que cuando tuvo sobre su mesa la documentación sobre la licencia, en abril del 2017, solicitó un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento y que estos le contestaron que no podían avalar dicho permiso porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había anulado en mayo del 2017 el plan de usos de Ciutat Vella aprobado en el 2013 por el gobierno de Xavier Trias que ampliaba el número de plazas hoteleras en el distrito y, por lo tanto, estaba en vigor el plan del 2010 que vetaba la construcción de más hoteles. 

Caso abierto

Pese al archivo de la causa contra Sanz, el caso aún no está cerrado. La suspensión del plan de usos del 2013 está recurrido ante el Tribunal Supremo, así que la sentencia no es firme. Además, sigue abierto el contencioso administrativo contra el ayuntamiento presentado por la propiedad de los terrenos. 

El solar, dos solares, de hecho, en los que Praktik proyectaba los dos hoteles, el trámite de cuya licencia no quedó parado por la moratoria hotelera al tener certificado de aprovechamiento urbanístico anterior a su publicación, explica gran parte de la historia del barrio, e incluso de la ciudad.

Pelotazo sindical

La cooperativa de vivienda de la UGT compró el solar en 1999 por 588.931 euros para construir pisos sociales -en ese momento en el lugar no podía construirse nada más-, lo que nunca sucedió. En el 2003 se modificó el PERI y el terreno pasó de estar reservado al 100% a vivienda social a dejar solo un 25% destinado a ese uso. Tras la recalificación, la cooperativa de la UGT vendió el suelo ya liberalizado a un promotor privado por 2,3 millones de euros. El 400% de su valor inicial. 

Dos años después este revendió el solar por casi ocho millones, casi 14 veces el precio de 1999, y el suelo volvió a recalificarse perdiendo por el camino el 25% de vivienda social que quedaba.