En la puerta de la disco: "No queremos marroquís"

Han conocido la sentencia este 19 de febrero, tres años y medio después de los hechos, ocurridos en verano del 2014. Unos hechos que la jueza considera probados. A J. se le denegó la entrada a la discoteca Boulevard, en la Rambla, con un "no queremos marroquís". Hasta ahí, la buena noticia para SOS Racisme, entidad que lleva desde 1999 denunciando la existencia de criterios racistas en la aplicación del derecho de admisión. La (muy) mala es que la misma sentencia que prueba los hechos absuelve a los acusados al considerar que no hay prueba concluyente de que el demostrado acto racista "fuera obra de los hoy acusados". "Aquí nos encontramos con un primer callejón sin salida de la vía penal. Los vigilantes de seguridad suelen ser personas de empresas subcontratadas y es muy difícil demostrar quién era quien controlaba el acceso el día de los hechos, y aún más cuando los juicios se celebran pasado tanto tiempo", señala Alicia Rodríguez, coordinadora del Servicio de atención y denuncia para víctimas de racismo (Said) de la oenegé, que en 25 años ha atendido a más de 9.000 personas.

La sentencia recoge que el vigilante justificó el veto a personas de origen marroquí en el local diciendo que la semana anterior una persona de origen marroquí le había sustraído el teléfono móvil a su jefe. Es decir, se negó de forma explícita -no con el mucho más habitual 'no estás en la lista'- la entrada de J. al local "únicamente por pertenecer a un etnia o país, lo que entra de lleno en los elementos descritos en el artículo 512 del código penal" (sentencia dixit). "Pero ha sido imposible que nadie pague por ello", denuncian desde la entidad con impotencia pero sin rendirse.  

SOS Racisme pone también el foco en un segundo frontón con el que topan para poder condenar estas actitudes cotidianas, en este caso en la vía civil. El Ayuntamiento de Barcelona, pese a ser la administración competente, aún no ha desplegado ni el mecanismo ni el reglamento sancionador para multar a los locales de ocio que infringen la ley. "Una cosa es la vía penal, pero las denuncias por la vía administrativa también acaban en un cajón; algo que podría superarse con un poco de voluntad política", señalan. Así lo denunció también la Síndica de Greuges hace un año y medio. "No existe un circuito definido sobre cómo gestionar estas denuncias y van dando vueltas por la administración sin llegar nunca a puerto", prosiguen.

Falta de pruebas

Tras la presión de la entidad y de la Síndica, un pleno municipal aprobó una moción en la que se planteaba que el ayuntamiento sancionaría estas actuaciones racistas. Fue en el 2016 y, por el momento, no se ha desarrollado ni el circuito propio municipal para que las denuncias caigan en saco roto ni la formación para que los agentes de la policía local sepan cómo actuar en estos casos. Uno de los principales problemas para condenar estos hechos es que las denuncias no vienen acompañadas de pruebas. "Los agentes no están formados para afrontar este tipo de situaciones y no saben cómo actuar. Esta es otra de las asignaturas pendientes. La creación de un protocolo policial para que se elaboren bien los atestados en el acto", añade Rodríguez.  

Fuentes municipales aseguran que llevan un año -desde la aprobación de la citada moción- trabajando en una mesa interdepartamental e interterritorial -con profesionales de los distintos distritos- para mejorar la detección de estos casos y que en breve podrán presentar los resultados. 

Situación enquistada

SOS Racisme inició ya en 1999 una campaña en la que denunciaban estas situaciones jurídicamente. Por eso, porque pasan los años y la situación no mejora, piden, además de un nuevo y claro protocolo policial y del desarrollo de la capacidad sancionadora local, una campaña de sensibilización, similar a la recientemente presentada contra el acoso machista en el ocio nocturno. "Socialmente el racismo en estos entornos aún no se identifica como un problema. Está normalizado. Y es importante un trabajo de concienciación colectiva", argumentan desde la entidad.

A ojos de la entidad proderechos humanos más conciencia conllevará más denuncias y un cambio de chip en los empresarios de la noche. Y ponen el ejemplo de un chico de 16 años, negro, al que no dejaron entrar una discoteca en una sesión para menores a la que acudió con sus compañeros de instituto. El chico, adoptado, estuvo arropado por sus compañeros, que se negaron también a entrar e iniciaron una campaña de denuncia. "Esa solidaridad es gran parte de la solución", concluyen las activistas de SOS Racisme.   

Por ese motivo, para interpelar y concienciar a la sociedad, realizan periódicamente 'testings' en los que muestran vía cámara oculta en vídeos que se hacen virales cómo se prohíbe la entrada a discotecas a personas racializadas.