El AMB, la FMC y el consorcio Besós-Tordera recurren la subida del agua

El concejal de Presidencia, Agua y Energía y vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Eloi Badia, ha anunciado este lunes que el organismo metropolitano, la Federació de Municipis de Catalunya y el consorcio Besós-Tordera presentarán esta semana un recurso contencioso-administrativo contra el aumento de la tarifa del agua por parte de Aigües Ter-Llobregat, de un 11,8%, que el consejo de administración de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) aprobó en diciembre. Se calcula que la decisión puede causar un aumento de la factura de un euro por familia y mes.

Badia, que ha comparecido junto con el presidente del consorcio y vocal del comité ejecutivo de la FMC, Sergi Mingote, ha calificado de “injusta y desproporcionada” la subida aprobada por la ACA. Badia ha explicado que se solicitarán medidas cautelares para evitar que el incremento de la tarifa se refleje ya en el pago correspondiente al mes de marzo, cuando debe aplicarse. Afectará a 116 municipios y un total de 4,5 millones de personas.

El concejal ha argumentado la presentación del recurso por el hecho de que el incremento de la tarifa está muy por encima del IPC y de que no se corresponde con ninguna mejora que justifique la decisión.

A la espera del Supremo

Otro elemento que las tres entidades que presentarán el recurso esgrimen para rechazar el aumento de la tarifa es que se espera que en los próximos meses llegue la esperada decisión del Tribunal Supremo sobre la concesión de la gestión del agua por parte de la AMB sin que mediara concurso a una empresa participada por Agbar, con un 75%; Criteria (La Caixa), con un 10% y la propia AMB, con un 15%. Si el Supremo refrenda la decisión inicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anuló la sociedad, el AMB tendrá vía libre para acometer la municipalización del agua que abandera el gobierno de Ada Colau. En su día, Badia calculó que la medida podría suponer un ahorro anual de 25 euros por abonado. Si el tribunal toma la decisión contraria, la indemnización necesaria podría resultar prohibitiva para la administración local.