EN POBLENOU

Vecinos denuncian la dificil convivencia con 24 menores tutelados

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Teresa Pérez

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Las medidas que ha puesto en marcha la Generalitat para acoger a los menores extranjeros no acompañados ('menas') que llegan a Catalunya, la mayoría procedentes de El Magreb, han demostrado que son simplemente parches. La improvisación y la falta de recursos adecuados han convertido la acogida en cualquier cosa menos en algo parecido a la integración. 

Alojamientos en casas de colonias, sobreocupación en centros de menores donde duermen en colchones esparcidos en el suelo y alquiler de viviendas en comunidades de vecinos, donde las quejas no tardan en llegar. Esto es lo que ha sucedido en el edificio de la calle Pere IV, 76 de Barcelona. En este inmueble del Poblenou en el que residen tan solo nueve vecinos, cinco de los cuales están entre los 70 y los 90 años, más una familia con un bebé, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), dependiente de la Conselleria de Afers Socials, ha alojado a 24 menores tutelados. Los menores ocupan tres de los nueve pisos que tiene el edificio.

Cristales rotos

Las tres viviendas, propiedad del mismo dueño, las alquiló el pasado mes de agosto la fundación Ibn Battuta. La Generalitat contrató a esta entidad, presidida por Mohammed Chaib, para que supervisara a los menores. En principio eran 27, pero tres han sido trasladados a otros espacios. La finca no reúne unas mínimas condiciones. Las obras para instalar el ascensor comenzaron hace año y medio y están paralizadas sin que elevador se haya puesto en funcionamiento. Los sacos de material todavía no han sido retirados. Las bombillas cuelgan en la escalera de un largo cable al aire, los cristales de la puerta han estado un tiempo rotos, lo mismo que los buzones, que están reventados. En el patio de la fachada posterior se acumula la porquería e incluso alguien ha abandonado un colchón.

Los vecinos se quejan de los gritos, ruidos y peleas que se dan a menudo en la escalera, pese a que los menores están supervisados por educadores sociales. Las llamadas a la Guardia Urbana y a los Mossos de'Esquadra son constantes. Los antiguos inquilinos evitan por todos los medios culpabilizar a los jóvenes de la situación y responsabilizan de los problemas a la Administración. "¿A quién se le ocurre alojar a 24 adolescentes en una finca de tan solo 9 vecinos?", se preguntan. Y añaden: "Lo mismo da que sean extranjeros que de aquí, el descontrol sería el mismo". Los vecinos aseguran que han metido a los menores "en un gheto. Así –añaden- no tienen la segunda oportunidad que se les pretende dar". Este colectivo ha llegado a Catalunya en busca de una nueva vida. 

Portazo de la educadora

Las puertas de los tres pisos arrendados por Ibn Battuta suelen estar abiertas, con lo que los menores saltan de una vivienda a otra. De hecho este diario pudo acceder a una de ellas sin que apareciera ninguna persona pese a requerir su presencia. Finalmente, una educadora social se negó a contrastar la información de los vecinos y acto seguido dio un portazo que no hizo más que ratificar que las quejas de los vecinos por golpes y ruidos estaban más que justificadas.

Este conflicto, pese a que es conocido por todas las partes implicadas, no se ha solventado en casi siete meses de convivencia. La DGAIA reconoce que es "consciente" de la situación. "Lamentamos el perjuicio vecinal", aseguran. Un portavoz del organismo afirma que están intentando buscar soluciones, pero no se prevé que sean a corto plazo. Los vecinos, sin embargo, rebaten estos buenos propósitos de la Generalitat porque desde hace cuatro meses les prometen a ellos lo mismo y todo sigue igual. Un portavoz de la dirección general señala que hay "muchos pisos con 'menas' en comunidades de vecinos". Sin embargo, indica "que no se han producido conflictos".

Acciones legales

La asociación de vecinos del Poblenou también está intentado mediar en este tema que califica de "complejo" y están en contacto con el distrito. Salvador Clarós, presidente de la entidad, ha asegurado que han presentado una queja al Síndic de Greuges de Catalunya porque "hay distintas administraciones implicadas. Está claro que alguien está incumpliendo su responsabilidad".

El asesor de la propiedad Luis M. Pahissa, con el que este diario ha intentado contactar por escrito y por teléfono, remitió una carta al presidente de Ibn Battuta el pasado 23 de enero anunciándole que daba por rescindidos los contratos de arrendamiento de los tres pisos y que si no se iban emprendería acciones legales. Sin embargo, este viernes nadie había hecho todavía las maletas.

Según se desprende en el escrito "la DGAIA ya le había avisado a Mohammed Chaib que los pisos no reunían las condiciones para los que la fundación los estaba utilizando". Pahissa le ha comunicado a Ibn Battuta que los  educadores están desbordados hasta el punto que le han asegurado que "no pueden hacer nada para controlar la situación". De hecho, los vecinos denuncian el constante movimiento de educadores: "No duran nada, cada día aparece personal nuevo y así es difícil establecer vínculos con los adolescentes". Los menores permanecen largas horas en la calle y en la puerta de una lavandería sin nada que hacer. La entidad pese a los numerosos intentos se ha negado a contrastar la información y ha dado la callada por respuesta.