Luz verde a flexibilizar la ordenanza de terrazas de Barcelona

La comisión extraordinaria de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona ha aprobado inicialmente este jueves una modificación de la ordenanza de terrazas que la hace más flexible, y también la suspensión cautelar de las obligaciones sobre distancias y lavabos que establece la normativa y entraron en vigor el 1 de enero.

El pleno de abril prevé abordar la aprobación definitiva del cambio de la ordenanza, que plantea criterios generales para toda la ciudad pero con singularidades y criterios de distancias y ubicación orientativos: las terrazas estarán preferentemente frente al local, pero no será obligatorio, mientras mantengan una distancia de 1,8 metros con la fachada o de 1,5 en casos excepcionales.

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La reforma --apoyada inicialmente por todos los grupos excepto el rechazo de la CUP y la abstención del concejal no adscrito-- también establecerá zonas de excelencia con estándares de calidad superiores, y se eliminarán las ordenaciones singulares.

La teniente de alcalde Janet Sanz ha destacado las dificultades debidas a la rigidez que planteaba la ordenanza, basada en criterios iguales para la ciudad; sin embargo, ha asegurado que la garantía de accesibilidad en todas las calles "ha sido primordial e inamovible".

Consenso con el gremio

En ese mismo contexto, según recoge Europa Press, ha afirmado que la modificación es una propuesta "aplicable, adaptable y flexible aplicableque permite la actividad económica en los barrios y el uso vecinal"; que se mantendrá la comisión técnica para apoyar más a los distritos con la ponencia técnica; y que la nueva normativa es sostenible en el tiempo y tiene apoyo político mayoritario.

Sobre este apoyo, el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, ha recordado que con los dos años de debates y la comisión extraordinaria de este jueves se "manifiesta que existe un acuerdo", y ha añadido que siempre existirán contrarios a la nueva regulación pero cree que no condicionarán esta decisión.

La oposición

El concejal del Grupo Demòcrata Raimond Blasi ha recordado al Gobierno municipal que hace tiempo ya se había planteado revisar la normativa --aprobada en el mandato de Xavier Trias con apoyo del PP-- pero que "parece que hayan despertado ahora", y ha advertido de que desde su grupo no hay confianza en el gobierno de Colau.

Koldo Blanco (Ciutadans) ha pedido algunos cambios para la aprobación definitiva de la ordenanza, que hasta ahora sido una "espada de Damocles para los restauradores, siempre pendiendo sobre sus negocios" y generando intranquilidad, porque cree que ponía en peligro sus locales y empleos si se aplicaba rigurosamente.

El republicano Jordi Coronas ha pedido trabajar en una modificación para "que no se deba volver a rehacer" porque satisfaga tanto a restauradores como a la ciudadanía, para lo que ve indispensable garantizar la accesibilidad, unas condiciones de trabajo justas para los empleados e introducir elementos de autorregulación par asegurar la convivencia.

Desde el PSC, Daniel Mòdol ha dicho que la modificación es un proyecto de equilibrio y consenso sobre el espacio público, por lo que ha felicitado al gremio por su capacidad de acuerdo y de presionar al Ejecutivo, aunque "lo difícil viene ahora, y es la aplicación".

El popular Javier Mulleras ha tachado la situación de 'culebrón' que ha durado demasiados años, y ha añadido que el gobierno de Colau ha cambiado su actitud en un giro argumental en el último capítulo, que ha permitido cerrar el asunto desde el consenso: "Estos días están acabando muchos procesos. Esperemos que este también acabe", ha ironizado refiriéndose también al independentista.

Rechazo y abstención

Maria José Lecha (CUP), por su parte, cree que el acuerdo está sometido a intereses de los lobis del sector, fomenta una concepción neoliberal del espacio público y se hace de espaldas a los vecinos, y acusa a Colau de seguir en la línea de ejecutivos municipales de derechas: "Es una decepción comprobar que BComú continúa haciendo estas políticas pese a que haya terminado su gobierno con el PSC", que trabajó la modificación de la ordenanza.

Para el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), la ordenanza debe ser un instrumento que busque el punto medio entre la actividad comercial y la convivencia vecinal, y ha pedido trabajar para aclarar los criterios para cumplir la normativa, dada su flexibilidad.