Barcelona reclama a la Generalitat 41,8 millones que negó a las guarderías

Barcelona reclama a la Generalitat 41,8 millones de euros en recursos que decidió dejar de otorgar a las escuelas infantiles entre los cursos 2013-2014 y 2016-2017. La capital catalana se suma así, con retraso, a varios ayuntamientos que dieron el paso con anterioridad después de que la Conselleria d’Ensenyament dejara de aportar el dinero en una decisión unilateral. Según admitió la entonces titular del departamento, Irene Rigau, el dinero fue desviado a centros concertados, que lo emplearon para pagar nóminas de sus empleados.

El gobierno de Ada Colau ha presentado este jueves un requerimiento administrativo ante Ensenyament para que abone la cantidad. Es el paso previo a un recurso contencioso administrativo, que el consistorio presentará si no ha recibido respuesta del Govern en dos meses.

A la Generalitat le correspondía pagar 1.300 euros por plaza, el tercio del coste anual, según una de las sentencias que obliga al Ejecutivo catalán a retratarse. Los ayuntamientos abonaban otro tercio y las familias, el resto. El Gobierno catalán, que llegó a abonar 1.600 euros por plaza, bajó después a 855 euros. En Barcelona, una plaza anual tiene un coste aproximado de 5.000 euros.

Ni Trias ni Puigdemont

Las demandas contra el Govern llegaron de una larga lista de localidades que se vieron afectadas. Pero ni Barcelona, entonces con Xavier Trias como alcalde, ni Girona, en la que entonces gobernaba Carles Puigdemont, dieron el paso y optaron por no presentar denuncia alguna. Una decisión que tuvo consecuencias: reclamar ahora solo permite recuperar lo no recibido en los últimos cuatro años, es decir, a partir del 2014.

A principios de año, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condenó a la Generalitat a indemnizar con unos 16 millones de euros a una treintena de ayuntamientos catalanes a los que dejó de pagar las ayudas correspondientes a las escuelas infantiles entre los años 2012 y 2014. La resolución judicial, la cuarta que se emite en las últimos meses, benefició a un total de 26 municipios entre los que se encuentran Tarragona, Lleida, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Viladecans y Cerdanyola.

"Hoy reclamamos a la Generalitat que cumpla la ley", ha afirmado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha afirmado que el requerimiento "es también una interpelación a la Generalitat y al nuevo Parlament a sentarse a hablar, a abrir el diálogo para que apuesten en los nuevos presupuestos por la financiación de la enseñanza de 0-3 años".