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proceso judicial

La concejala Janet Sanz se ampara en un informe jurídico para vetar el hotel de Drassanes

Declara como investigada por la querella por prevaricación presentada por los promotores del establecimiento

Los promotores reclamarían más de 60 millones de indemnización por daños si finalmente no hay licencia

J. G. Albalat

Janet Sanz, este martes, a la salida de los juzgados de Barcelona.

Janet Sanz, este martes, a la salida de los juzgados de Barcelona. / FERRAN NADEU

La teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Janet Sanz, se ha amparado en los informes jurídicos efectuados por los abogados del consistorio para explicar por qué no firmó la licencia para construir el hotel de lujo de las Drassanes. La representante municipal ha declarado este martes como investigada por la querella presentada por los promotores del establecimiento, que le acusan de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión.

La edila ha explicado a la titular del Juzgado número 10 de Barcelona que cuando tuvo sobre su mesa la documentación sobre la licencia, en abril del 2017, solicitó un informe a los servicios jurídicos del ayuntamiento y que estos le contestaron que no podían avalar la otorgación de este permiso porque el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) había anulado en mayo del 2017 el plan de usos de Ciutat Vella aprobado en el 2013 por el gobierno de Xavier Trias que ampliaba el número de plazas hoteleras en el barrio. Por lo tanto, estaba en vigor el plan del 2010 que vetaba la construcción de más hoteles.

Los promotores del hotel (la empresa Praktik) consideran que la demora en la contestación a su solicitud de licencia (a mitad del 2015) se equipara a un "silencio administrativo" por parte del consistorio, lo que, a su entender, es como si se rechazara de facto la petición. Así se expone en el auto de la jueza que citaba a declarar a Sanz. 

La propiedad del hotel ha explicado a este diario que previamente a la sentencia del TSJC interpusieron contencioso administrativo y activaron la querella, todo por la prolongada falta de respuesta municipal. Lo desvinculan del conflicto del plan de usos, del que no tenían noticia entonces. No obstante, mantienen que al no ser firme esa sentencia, carece de sentido utilizarla para suspender -que no denegar aún- la licencia del hotel. Si finalmente se produjera una denegación, la propiedad reclamaría daños por más de 60 millones de euros, según están estimando.  

Petición de archivo

Los abogados de Sanz, Alex Solà y Olga Tubau, solicitarán ahora que se archive el proceso judicial abierto contra la representante del ayuntamiento, al considerar que no ha cometido ningún delito. Respecto a la tardanza a la hora de resolver la licencia, la teniente de alcalde ha asegurado que los trámites se hicieron de forma correcta y en el plazo es el "habitual".  Si se alargaron, ha precisado, fue porque los promotores del hotel presentaron documentación incompleta.