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Collboni apoyará el presupuesto de Colau si congela el precio del transporte público

Considera que la ordenanza cívica legaliza la prostitución "por la puerta de atrás"

Europa Press

Ada Colau con el socialista Jaume Collboni y, detrás, el republicano Alfred Bosch.

Ada Colau con el socialista Jaume Collboni y, detrás, el republicano Alfred Bosch. / RICARD CUGAT

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha fijado la congelación de las tarifas del transporte público de cara a 2018 como condición para negociar los Presupuestos del Gobierno de Ada Colau, ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Ha resaltado que es una "condición previa para sentarse a negociar" las cuentas --en cuya aprobación inicial el PSC se abstuvo--, y que esta medida debería formar parte del 'ADN' de un ejecutivo de izquierdas, del que formó parte como teniente de alcalde hasta que BComú decidió en consulta romper el pacto de gobierno en noviembre.

No apoyará una subida de precios que "haga pagar a los ciudadanos" lo que deberían asumir con más aportaciones el Gobierno central y la Generalitat, y ha recordado que la T-10 se rebajó a 9,95 euros con un acuerdo del PSC con el exalcalde Xavier Trias y que se ha mantenido desde entonces: para él, esto demuestra que es posible congelar precios, que depende de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que incluye también a Generalitat y Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

El PSC ya ha mantenido conversaciones informales con el Gobierno de Ada Colau sobre el Presupuesto, ante el que se abstuvo porque, al formar parte entonces del ejecutivo, debía acordar posiciones con BComú, pero desde la oposición puede defender su posicionamiento sin matices, aunque Collboni ha asegurado: "No haremos un giro de 360 grados".

Considera que los Presupuestos necesitan una reorientación para tener en cuenta "la coyuntura económica de la ciudad fruto del contexto político", que ha provocado una disminución del turismo y el comercio, lo que afecta a muchos sectores y también al paro, por lo que se deberán impulsar ayudas y medidas, según él.

Ha recordado que el PSC propuso crear una comisión para analizar estas medidas y también una posible modificación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) --aprobado en enero con el PSC en el Ejecutivo--, del que cree que se deberían revisar las zonas de crecimiento cero y las ampliaciones de hoteles, que llevan a un "decrecimiento encubierto".

Restricciones por contaminación

Ha apoyado las restricciones de circulación de los vehículos más contaminantes en la ciudad y otros municipios del área metropolitana, pero ha dicho que "son duras si no van acompañadas de otras ayudas de renovación de vehículos", porque las limitaciones afectan sobre todo a familias trabajadoras que no pueden permitirse comprar otro coche de repente.

Aboga por mejorar el transporte público también para combatir la contaminación, y, preguntado por el tranvía, ha asegurado que el PSC no cambiará su apuesta por conectarlo, aunque ya no forme parte del Gobierno municipal: "Contribuiremos a que haya consensos" para avanzar hacia una conexión bien hecha y planificada.

Ordenanza de civismo

Sobre la modificación de la ordenanza de civismo, que el Gobierno municipal retiró de la comisión de este martes, Collboni ha avisado de que no la apoyarán tal y como está planteado el tratamiento de la prostitución, ya que "lo que se hace es legalizar la prostitución por la puerta de atrás".

Critica que la propuesta no prevea sanciones "a los prostituidores, que son los clientes", argumentando que ya está regulado en una ley estatal, y ha resaltado que la prostitución no es una profesión, sino una forma de explotación.

Además, asegura que la propuesta deja abiertos a la interpretación diversos conceptos, algo "muy peligroso" porque lleva a la inseguridad jurídica tanto de la ciudadanía como de la Guardia Urbana, de la que dependerá interpretar situaciones, como si una acampada sin notificación se hace o no en defensa de un derecho fundamental.

"Es muy arriesgado. Introduce inseguridad jurídica, cuando una ordenanza de civismo lo que debería introducir es seguridad", y ha pedido sanciones sin complejos, algo ante lo cual BComú tiene prejuicios, cuando debería asumir desde el Gobierno municipal que es responsable de la seguridad de la ciudad y de la convivencia cívica, según él.

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