Colau pacta con los restauradores una ordenanza de terrazas más "flexible"

La 'guerra de las terrazas' que libran desde hace más de dos años el sector de la restauración y el Ayuntamiento de Barcelona ha acabado con un pacto para la modificación de la polémica ordenanza. El acuerdo suscrito esta misma tarde de lunes supondrá flexibilizar la normativa para poner fin a la sangría de mesas y sillas que denunciaba el Gremi de Restauració y ponía en jaque la supervivencia de algunos negocios históricos. La futura modificación estaba garantizada, tras la iniciativa popular y el acuerdo de la mayoría de partidos de la oposición propiciado este año por la propia patronal, pero se habría demorado varios meses antes de su aprobación.

La entrada en el gobierno local del socialista Jaume Collboni dio un impulso a las negociaciones, pero el conflicto se había encallado en los últimos meses, y quedó pendiente de resolución tras la marcha de este del equipo de gobierno el pasado mes. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, ha acelerado la negociación en las últimas dos semanas hasta suscribir la tregua que mañana martes presentará con más detalle la alcaldesa Ada Colau. Los 'comuns' tienen muchos frentes abiertos y solventar este asunto aliviará la presión que mantienen los sectores económicos, muy críticos durante todo el mandato.

Adaptable al territorio

Según han avanzado fuentes municipales, la modificación hará la ordenanza "más comprensible y adaptable" tanto a las necesidades reales de los vecinos de la ciudad como de los restauradores. Se basa en mantener "criterios mínimos para toda la ciudad", pero definiendo otros específicos "de carácter territorial", así como la estipulación de "zonas que por su singularidad se trabajarán conjuntamente" entre consistorio y restauradores, añaden. El propio gremio ya había presentado un documento de mínimos. 

Las propuestas de los restauradores, elaboradas el pasado verano para tratar de poner fin al enfrentamiento y que en líneas generales han sido asumidas por el consistorio, eran ocho. Reivindicaban que las ubicaciones de mesas y sillas respeten el itinerario accesible de los viandantes -como reclaman los colectivos de personas con discapacidades-, pero haya flexibilidad en su ubicación, sin que implique la forzosa eliminación de estas.

También se proponía un criterio de excepción para terrazas emblemáticas de toda la vida que por sus características no puedan adaptarse a la rigidez de la norma. Como en el caso de servicios sanitarios cuya instalación es arquitectónicamente inviable.

En cuestión de horarios, el gremio se comprometió a desistir de pedir ampliaciones que equiparen Barcelona a otros municipios y aceptaba los actuales, homogéneos para toda la ciudad y solo ampliables en fechas especiales, temporada estival o zonas turísticas

Esfuerzo de acercamiento

Según las mismas fuentes, la tenencia de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad y la patronal han "hecho un esfuerzo" para acercar posiciones y desencallar "una cuestión importante". La paz llega después de potentes campañas impulsadas desde el gremio para reivindicar tanto la importancia económica del sector como el arraigo de las terrazas en la forma de vida de la capital catalana, pese a algunas voces vecinales contrarias en los barrios más saturados.

Cabe recordar que ya en el primer verano de conflicto, el equipo de Colau asumió que la ordenanza era "'un nyap'" y aceptó preparar la modificación, pero el trámite se ha pospuesto tanto que muchas terrazas se han visto afectadas por el camino. A la vista de que en el 2018 entraban en vigor nuevos puntos complicados de la norma, el gremio puso de acuerdo el pasado verano a casi la totalidad de los grupos políticos de la oposición para alcanzar un consenso alternativo. Desembocó en el citado documento de mínimos, que tuvo que ser presentado en el ayuntamiento como iniciativa popular el pasado noviembre, con el aval de 18.000 firmas a favor.

De haberse seguido esta vía, la luz verde habría tardado todavía unos meses.