Barcelona tendrá su moneda digital para uso social

El Ayuntamiento de Barcelona creará una moneda social digital propia para pagar la renta municipal de inclusión, y lo hará con tecnología 'blockchain', como la que usa el bitcoin, la moneda criptográfica más usada en internet. La moneda virtual se utilizará gracias a una 'app' móvil y con sistema de monedero recargable, y en principio entrará en funcionamiento al menos en pruebas el año próximo, según ha explicado la comisionada digital, Francesca Bria.

La iniciativa de crear una moneda social estaba ya en el programa electoral de Barcelona en Comú pero el Banco de España pronto expresó sus reticencias a que la ciudad tuviera su propia moneda. Sin embargo, en el equipo municipal no han renunciado al objetivo y ahora le han encontrado una forma tecnológica, el 'blockchain', y una misión: pagar la renta municipal de inclusión, un subsidio con el que el consistorio se propone equilibrar la situación de los más pobres de la ciudad, en la línea de las actuaciones de 'smart city' social que muestra el ayuntamiento en el Smart City Expo World Congress que se ha inaugurado este martes en Fira Gran Via. De momento esta ayuda está en fase piloto y la reciben unas mil personas en el área del Besòs. 

Utilizar el 'blockchain' tiene varias ventajas. Por una parte, es una comunidad y no una autoridad central (como en los billetes) quien otorga validez a las transacciones al darle un sello digital de confianza y ponerle hora. Por otra, permite integrar incentivos en las transacciones porque el propio sistema es quien genera nuevas monedas (eso sí, cada millones de operaciones). Además, es casi imposible realizar fraude porque habría que modificar el registro en todos los duplicados cifrados que tienen todos los miembros de la comunidad.

Fondos europeos

El proyecto de crear una moneda social está financiado en un 80% por fondos europeos del programa Urban Innovative Actions (UIA) y otros para ensayar el 'blockchain'. La Comisión Europea premió tres proyectos catalanes: el B-Mimcome de Barcelona, el de Santa Coloma y el de Viladecans, todos ellos con la intención de incentivar el comercio y la economía local porque solo se podía gastar en aquel entorno. Los proyectos eran tan similares que el marco legal lo ha desarrollado incluso el mismo equipo de profesores de Derecho y Economía de la Universitat Pompeu Fabra, parte de los cuales constituyeron este lunes la asociación Blockchain Catalunya.

El Ayuntamiento de Santa Coloma fue el primero en lanzarla el año pasado. Es la grama, que se puede usar en forma de 'app' o de SMS. Sus responsables están trabajando para migrarla también a tecnología 'blockchain'. 

Con la nueva moneda social se pagaría hasta un máximo del 25% del importe de las ayudas de la renta municipal de inclusión (no confundir con la renta mínima garantizada que impulsa la Generalitat y sustituye a la renta mínima de inserción). También se baraja que, como ocurre en Santa Coloma, trabajadores municipales puedan acogerse a cobrar parte de su sueldo con este sistema, lo que ayudaría a camuflar a quien usa la moneda.

Aportaciones propias

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Parte del desarrollo de la criptomoneda local es que prevé que haya una parte pública y otra privada de modo que los beneficiarios de la renta sean identificados por el sistema que los valida, pero no por aquellos a quienes pagan. "El comercio donde paguen no tiene por qué saber si su cliente tiene derecho a una prestación. Tan solo que le paga con moneda ciudadana", explica Jaume Catarineu, CEO de Ubiquat, la empresa que hace el desarrollo tecnológico de Santa Coloma y Viladecans, donde el programa Vilawatt se dirige a combatir la pobreza energética y a mejorar el consumo doméstico. El ahorro que consigan en las facturas energéticas se recibirá en forma de moneda virtual para gastar en los comercios del barrio.

También será diferente que en la criptomoneda barcelonesa se identifica al usuario. "Hubo que tener en cuenta que no pudiera usarse en ningún caso para blanquear capitales y que tuviera todas las garantías legales", señala Maria Antonieta Fernández, profesora de la UPF y una de las autoras de la parte legal del proyecto barcelonés.