La ruptura Colau-Collboni abre un año y medio de incógnitas

El acuerdo que Ada Colau y Jaume Collboni alcanzaron en mayo del 2016 para gobernar la ciudad al alimón tuvo dos efectos casi inmediatos, como un antitérmico en episodios de fiebre. Primero: los sectores económicos de la ciudad, grandes y pequeños, celebraron que el PSC ejerciera de brújula ante algunas de las desnortadas decisiones de Barcelona en Comú. Basta recordar, por ejemplo, que Colau llegó a la alcaldía con un enquistado discurso antiMobile World Congress, que luego corrigió. Segundo: Collboni y los otros tres concejales socialistas sumaban ocho manos. Gobernar la ciudad con menos de 15 concejales (eso lo sabe cualquier alcalde de Barcelona) conduce inevitablemente a una pésima gestión. En resumen, vuelve la fiebre.

La crisis abierta en el seno del gobierno de la ciudad en nombre de lo que Colau ha calificado de “radicalidad democrática”, es decir, que 2.059 votantes hayan decidido un brusco cambio de rumbo que afecta a 1,6 millones de personas, tendrá consecuencias también sobre proyectos cuya aprobación estaba prevista para antes de que concluyera el actual mandato municipal. El tranvía de la Diagonal es el más obvio de todos ellos. Volverá al cajón. Es el Guadiana de las grandes obras pendientes de decisión y ejecución. En el próximo mandato volverá a a estar sobre la mesa. Pasan los años. Pero esa máxima no es aplicable a otras tareas pendientes, como Glòries, donde no hay marcha atrás posible. Que Colau no pueda aprobar en el pleno las concesiones de obras pendientes podría dejar esa herida urbanística abierta más allá de lo razonable. Y otro tanto ocurre con la ordenanza de terrazas y con la iniciativa de que la ciudad volviera a tener una funeraria de titularidad pública.

Los 2.059 'comuns' que han votado por la ruptura han decidido el destino de 1,6 millones de vecinos. "Radicalidad democrática", lo llama Colau

Cuando Xavier Trias y Alfred Bosch, como voceros de Junts pel Sí en el Ayuntamiento de Barcelona. Comparecieron juntos tras la aplicación del artículo 155 para exigir a Colau la ruptura de su acuerdo con el PSC de Collboni, le ofrecieron estabilidad a la alcaldesa hasta las próximas elecciones municipales del 2019. Sin embargo, no concretaron. ¿Incluía esa estabilidad cuestiones esenciales para los ‘comuns’ como las ‘superilles’ o la revisión de las ordenanzas fiscales? No lo dijeron. La política municipal de Barcelona se adentra de repente en una niebla que no se disipará hasta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Las futuras alianzas del Parlament podrían tener eco en el consistorio. O no. En cualquier caso, a Colau le quedará entonces solo un año de mandato, muy preelectoral, como todos los últimos años, y por tanto un terreno estéril para sembrar nuevos acuerdos.

Luego está la incertidumbre de los presupuesto, que el año pasado ya fueron aprobados por ese atajo reglamentario de la moción de confianza, una fórmula que podría repetirse. Este próximo martes está prevista una primera votación de inicio de los trámites de las próximas cuentas de Barcelona. Será curioso ver qué hacen los socialistas, pero ese es solo una anécdota en mitad de una crisis notable. Si Barcelona tenía aún alguna opción de ser la nueve sede de la Agencia Europea del Medicamento, tal vez haya quedado este fin de semana definitivamente dañada. A Barcelona se le reclama desde las instituciones europeas que sea el contrapeso a la inestabilidad que ha comportado el independentismo. No lo ha hecho.