Barcelona crea una empresa público-privada para construir vivienda

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) constituirán en los próximos meses una empresa público-privada para construir vivienda con el  fin de destinarla al alquiler asequible. El objetivo es iniciar una senda que no es nueva en Europa pero que no tiene precedentes en Catalunya ni en el resto de España: aunar recursos públicos de la administración y de inversores privados aceptan limitar el beneficio a cambio de la seguridad en el pago.

La sociedad será propiedad en un 50% del consistorio y la AMB y en el 50% restante de un operador privado, o varios asociados en una unión temporal de empresas, que será elegido en un proceso de licitación. La nueva firma se denominará Habitatge Metrópolis Barcelona, aunque una vez exista socio privado podría cambiar. La previsión es que el privado acepte contar con un beneficio limitado al 4%. A cambio, el operador contará con que las administraciones garantizan ese beneficio. Si los números van de fabula, se podría incrementar la ganancia. Se abrirá una puerta, con una fórmula todavía por definir, para que los ciudadanos puedan invertir en la empresa.

La idea de partida, según relata el gerente de Vivienda del consistorio, Javier Burón, es crear un segmento de mercado que ocupe lo que ha definido como un espacio ahora vacío: el de los alquileres que están por encima de los 200 euros, del alquiler social, pero que no alcanzan los precios de mercado: “Entre 200 y 800 euros no hay nada”. Es decir, pisos por los que se paguen de 500 a 800 euros al mes, que sean ocupados por personas que no están en una situación de vulnerabilidad social, que pueden afrontar esas cantidades. Gente que, probablemente, no lo tiene tan fácil para pagar lo que ahora se está pidiendo para lograr o renovar un contrato de alquiler de mercado.

Licitación en ocho meses

Burón, que ha presentado la nueva firma junto con el coordinador general de Servicios del AMB, Eduard Saurina, ha explicado que de entrada se creará una empresa 100% pública, paso necesario para abrir la licitación. El proyecto será aprobado inicialmente por el ayuntamiento y por la AMB, y será creado, en su  fase de empresa todavía enteramente pública, en diciembre. La licitación y llegada del operador privado se  producirá en un máximo de seis meses, si bien el objetivo es que se logre en tres.

El reparto de tareas entre el socio público y el privado será el siguiente: las administraciones aportarán el  suelo, por valor del 50% del capital total, para construir los edificios, en tanto que el privado los edificará y gestionará, al margen de aportar financiación. Por ello, lo previsible es que el operador acabe siendo una UTE constituida por un fondo inversor, un promotor de vivienda y un gestor de pisos de alquiler. “Nosotros aportaremos los inquilinos”, ha afirmado Burón: vendrán de la bolsa de peticionarios de vivienda de alquiler del consistorio, que suma 30.000 personas. En la capital catalana, el acceso a los pisos se regirá por las mismas normas actuales relacionadas con la vivienda pública, lo que garantiza la reserva de viviendas para los vecinos que viven en la zona cercana a la promoción construida. 

Las administraciones no perderán el suelo: cederán el derecho de superficie por un periodo aun no definido pero que apunta a 40 años. El gerente de Vivienda ha justificado el periodo al explicar que un edificio tiene una vida de unos 50 años, en el sentido que pasado medio siglo es necesaria una inversión para mantenerlo de coste similar al de la construcción.

Burón ha subrayado que en Europa 27 millones de personas residen en viviendas construidas mediante esta fórmula: “El inversor quiere rentabilidad moderada a largo plazo con seguridad”. “Hay un mercado infinito para gente que pague un alquiler de 600 o 700 euros”, ha dicho Saurina. Un reto añadido, han advertido, es el de que al apostar por esta fórmula se estimule el crecimiento de un sector que apueste por un alquiler inferior con un beneficio limitado pero asegurado que se traduzca en la creación de empresas con una actividad similar a la de Habitatge Metrópolis Barcelona.

2.250 pisos en el 2025

En cifras, el planteamiento es que antes de acabar el actual mandato municipal, en mayo del 2019, se haya iniciado la tramitación de por lo menos 3.000 pisos: 1.500 a cargo del consistorio y 1.500 a cargo de la AMB. Esa previsión se puede incrementar legalmente en un 50%, por lo que se puede sumar otros 1.500 pisos a la nómina. En el plan de vivienda circunscrito a Barcelona está previsto que el operador público-privado construya 2.250 pisos antes del 2025. Saurina ha explicado que la AMB ya tiene previstos cuatro solares para ofrecer al operador, dos en Gavà y dos en Montgat.