CONSISTORIOS IMPLICADOS

Así es la ola de municipalización de servicios

Una gota de agua en un grifo.

Una gota de agua en un grifo. / periodico

Manuel Arenas / Barcelona

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Aunque Terrassa ha dado luz verde este jueves a la que posiblemente sea la municipalización más importante llevada a cabo en Catalunya, la de su servicio del agua a partir del 2018, no es la única ciudad que últimamente ha dado pasos en este sentido.

Sabadell

El Ayuntamiento de Sabadell (gobernado por Crida per Sabadell-CUP, Unitat pel Canvi, ERC y Guanyem) ha municipalizado ya los servicios de grúa y zona azul, además de revisar el contrato de concesión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, en relación al cual ha denunciado incumplimientos por parte de la empresa concesionaria.

En un manifiesto de marzo de este año, el consistorio promueve la municipalización de servicios, poniendo en entredicho la externalización a empresas privadas "que buscan únicamente el máximo beneficio".

Sabadell forma parte de la Asociación de Municipios por la Gestión Pública del Agua, creada en marzo e integrada por los ayuntamientos de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Cerdanyola y El Prat. Este último actúa dentro de la asociación como referente porque tiene el servicio municipalizado desde los inicios democráticos, algo que también ocurre en el Ayuntamiento de Mataró desde mediados del siglo XX.

Castelldefels

Por su parte, el Ayuntamiento de Castelldefels presta, desde el pasado mes de abril, el servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos de forma directa.

A través de la empresa municipal SAC, el consistorio concluyó el proceso para la remunicipalización de este servicio, que hasta entonces se prestaba mediante concesión a una empresa privada.

Badalona y Santa Coloma

Asimismo, administraciones locales como las de Badalona (Guanyem, ICV y ERC) o Santa Coloma (PSC) han venido concentrando esfuerzos en iniciar estudios sobre la viabilidad de la municipalización del servicio del agua que todavía siguen en marcha. Estos estudios encuentran en el horizonte los casos de los ayuntamientos de Montornès del Vallès o Arenys de Munt, que gestionan directamente el servicio del agua desde hace años.

Badalona y Santa Coloma aprobaron en sendos plenos hace meses una moción idéntica que propone "abrir una línea de trabajo en el marco del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) acerca de la gestión pública, directa e integral del ciclo del agua, valorando siempre su oportunidad, pertinencia y viabilidad, tanto técnica como económica, social y ambiental".

El primer teniente de alcalde de Santa Coloma, Esteve Serrano, recuerda el obstáculo que supone para los procesos de municipalización la disposición adicional 26ª de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), que impide a las Administraciones incorporar como empleados públicos a los trabajadores "de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos […] cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio".

Badalona, además y en los mismos términos que Sabadell, ha puesto en tela de juicio la concesión del servicio de recogida de residuos al denunciar un supuesto fraude de la empresa adjudicataria, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

L’Hospitalet

En L’Hospitalet de Llobregat la voluntad de municipalizar servicios externalizados no se ha hecho efectiva de momento, si bien el consistorio encargó un informe, redactado por el profesor de Economía Financiera de la Universitat de Barcelona Juan Luis Domínguez, que analiza la viabilidad de la posible municipalización de los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria y limpieza del alcantarillado.

En dicho informe, Domínguez concluye que "el elevado importe de las indemnizaciones aconsejaría postergar la posible ejecución de una remunicipalización hasta la fecha de finalización del contrato vigente". Sumando las cifras del rescate del servicio, el ahorro y el sobrecoste, el informe concluye un impacto agregado negativo de 14,6 millones de euros.