Rechazo vecinal a la reactivación del plan del parque de los Tres Turons

La noticia -en un primer momento rumor, o rumores, en plural, ya que había varias versiones- corrió como la pólvora. En Can Baró no se hablaba de otra cosa. La intención de levantar cinco grandes bloques, 127 nuevos pisos -última y documentada versión-, literalmente encima del único espacio llano en el empinado barrio, punto de encuentro de mayores y niños, no dejaba a nadie indiferente. "Nos enteramos casi por casualidad; nos lo dijo el hombre que se encarga de abrir y cerrar las pistas", señala Jorge Morales, vecino del lugar y uno de los fundadores de la Plataforma Can Baró, nacida hace un par de meses para intentar frenar la polémica operación urbanística, que juzgan de despropósito.

Lo que está en juego en un barrio trabajador, construido en una brusca pendiente, son dos concurridas pistas de baloncesto, una grande y otra pequeña, dos zonas de juego infantil, una zona de máquinas para personas mayores, una histórica petanca y, en definitiva, el lugar en el que se genera la vida comunitaria en un barrio humilde y mal comunicado en el que prácticamente no hay otro equipamiento público. "Un espacio en el que, además, el ayuntamiento ha invertido recientemente más de medio millón de euros en arreglarlo, después de mucho tiempo reivindicándolo", añade Morales.

Quien pretende construir esos cinco bloques en este enclave tan apreciado por el vecindario es el Ayuntamiento de Barcelona. El espacio se convirtió en el 2010, vía recalificación urbanística, en la reserva de suelo municipal para construir la vivienda necesaria para realojar a gran parte de las familias afectadas por la reactivación del ambicioso plan de los Tres Turons. Plan desencallado en el último año del gobierno de Jordi Hereu que Xavier Trias metió en el cajón -su apuesta fue atraer el turismo al distrito en el marco de su estrategia descentralizadora, cuyo fruto es más que evidente- y Ada Colau ha decidido desempolvar.

Cientos de apoyos

"No nos oponemos a que construyan vivienda social, ni mucho menos, lo que ni queremos ni entendemos es que se haga a costa del único espacio comunitario que tenemos en Can Baró, muy utilizado por pequeños y mayores, y a espaldas de los vecinos", resume Eli Higueras, quien empezó la movilización prácticamente solo y en pocas semanas reunió cientos de apoyos. En la primera asamblea, de la que salió la plataforma, se reunieron más de un centenar de personas, y en pocas semanas han reunido casi un millar de firmas, entre físicas y virtuales.

La modificación del Plan General Metropolitano pactada en el 2010 para los Tres Turons entre el bipartito de entonces (PSC y ICV-EUiA, ambos en el gobierno actualmente) desafectaba 476 viviendas afectadas desde hacía décadas476 viviendas afectadas desde hacía décadas, mantenía la afectación de otras 295 y recalificaba la actual plaza de la Pedrera -donde se encuentran los peleados equipamientos-, pasándola de zona verde a zona edificable, y proyectando allí la construcción de cinco bloques para realojar a gran parte de los afectados. El acuerdo incluye que el realojo debe hacerse "en el mismo ámbito".

Pese a que los pisos están proyectados allí desde hace siete años, no ha sido hasta ahora que los vecinos han sido conscientes de ello. Y lo han sido por el anuncio hecho por el distrito encabezado por Mercedes Vidal de sacar a concurso el anteproyecto de los bloques tras el verano, lo que la plataforma quiere evitar. "Es un sinsentido que construyan aquí unos pisos para realojar a unas personas que, además, no quieren en su mayoría dejar sus casas", insiste Higueras.

Mesa de seguimiento

La concejala de Urbanismo, Janet Sanz, se compromete a no convocar el concurso hasta reunirse con los vecinos. "Tras el verano crearemos una mesa de seguimiento y los vecinos podrán participar en la redacción de las bases. Intentaremos hacer compatible la construcción de los pisos con mantener las pistas", señala Sanz, algo que los vecinos juzgan imposible. "No es solo la pista. Es todo el espacio en conjunto", subraya Higuera. 

"Si al final vemos que es imposible encajar los pisos allí y hay que modificar el PGM para encontrar otro espacio donde construir, lo haremos, pero intentaremos no tener que llegar a eso. Nuestra intención es hacer algo muy participado, como hemos hecho en Vallcarca", se compromete la edila. El acuerdo del 2010 llegó tras 30 años de polémica, y aprobar una nueva modificación requeriría de unos apoyos políticos ahora difíciles de imaginar.

"Es nuestra obligación reordenar la zona y prever la construcción de las viviendas para realojar a estas personas que ahora mismo viven de forma irregular", afirma la edila. "Pero nadie tiene que sufrir -matiza-; esto se hará muy poco a poco. Estamos en la fase cero, visitando a las familias afectadas y haciendo las entrevistas para ver la situación en la que está cada una. Las personas más mayores podrán vivir toda su vida allí, pero hay que ir dando pasos", asegura.