¿Qué puede hacer si perdió un avión por la huelga de El Prat?

Los pasajeros que  hayan perdido un avión por las largas colas causadas en la huelga de seguridad de El Prat pueden optar por presentar una demanda. Aquí van algunas recomendaciones legales si decide optar por esta vía:

¿Qué se debe aportar como prueba?

Para que el litigio tenga las mayores garantías conviene acumular el máximo de pruebas documentales, “como billetes, por supuesto, facturas de taxi, restaurante y hotel”, detalla Ricardo de Rabassa, socio director de los abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que representan a más de 15.000 afectados por la huelga de controladores aéreos del 2010.

También puede resultar valioso realizarse un selfi y compartirlo en redes sociales para dejar constancia del momento de la llegada a las instalaciones “y cuando se pasa el arco de seguridad previo al embarque”, recuerda el letrado. Advierte de que es buena idea presentar reclamación ante los mostradores de Aena, “pero no es imprescindible para presentar una demanda con garantías”.

¿Qué se puede denunciar?

A falta de conocer cómo concluye el conflicto, De Rabassa apunta a una por la vía civil y la administrativa. La primera serviría para pedir daños (por el dinero gastado, taxis, hoteles y tours suspendidos) y perjuicios (por el sufrimiento, la angustia y el malestar generado). La opción administrativa sería para pedir responsabilidad patrimonial al Estado como gestor de las infraestructuras. La demanda podría ser a Aena, Eulen y los trabajadores o solo a alguna de las partes.

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El abogado de Cremades & Calvo-Sotelo apunta a la preconstitucional ley de huelga de 1977, “muy restrictiva con las huelgas de celo”, como se han dado en El Prat. Y considera digno de estudio comprobar si se han mantenido los estándares de seguridad imprescindibles para unas instalaciones claves.

¿Qué tipo de proceso judicial será?

De Rabassa aconseja una demanda colectiva ante los elevados gastos, que puede comportar un desembolso de centenares de miles de euros. Y aconseja paciencia porque el proceso puede durar hasta 5 u 8 años si la parte demandada recurre. “No obstante, es muy frecuente en este tipo de casos alcanzar un acuerdo entre las partes”, sostiene.