Fricción entre el AMB y la Generalitat por el plan urbanístico metropolitano

Reforzar la cohesión social, respetar la sostenibilidad medioambiental y optimizar la eficiencia económica. Cotejando la coincidencia entre los objetivos del anteproyecto de ley de territorio que maneja la Generalitat y las bases del futuro Plan Director Urbanístico (PDU) que impulsa el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) cabría pensar en una sintonía entre administraciones para trazar una estrategia común sobre el desarrollo territorial de la capital catalana y su entorno. Pero la realidad habla de una "colisión competencial", un obstáculo considerable y de pronóstico incierto que podría convertirse en un nuevo motivo de fricción entre el gobierno catalán y Ada Colau, esta vez en tanto que presidenta del AMB. 

El horizonte no es el más favorable para empezar la redacción del proyecto, que comenzó el 2013 con la recogida de información, y que debe dar continuidad y homogeneizar la estrategia urbanística metropolitana, por más que este martes ya se hayan sentado las bases y la estructura del proceso con la aprobación del pleno del Consejo Metropolitano. No cuando los planes del Govern suponen una "desregularización urbanística" y una reapropiación "centralizadora" de lo que se habá concebido en los últimos tiempos como competencias netamente municipales, según Josep Maria Carreras, director de Urbanismo del AMB. 

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La inquietud se acrecienta ante la amenaza que representan los plazos de obligado cumplimiento que prevé la Generalitat, que espera un plan urbanístico listo en el 2019, una meta "inasumible" para un proyecto tan complejo como este, que debe dar cabida a "un enfoque transversal, involucrando a varios departamentos", como describe Xavier Mariño, coordinador del plan redactor. El PDU prevé una aprobación inicial en torno al 2021 y unos dos años más para acabar de perfilar el contenido y darle marchamo definitivo.

"Para este tipo de actuaciones se requieren de 7 a 9 años de media, según la magnitud del municipio; y aquí la estrategia se tiene que acondicionar para nada menos que 36 localidades", expresa Mariño. Carreras considera que no fructificara el anteproyecto de ley de territorio de la Generalitat, pero si sus previsiones no se cumplen y el PDU no culmina en el 2019, las competencias urbanísticas en el territorio metropolitano se las podría arrogar el Govern.

Integración

En el 2010, al constituirse el AMB asume competencias en materia urbanística, incluyendo el PDU, un proyecto de territorio compartido para 36 municipios y 3,5 millones de personas que debe complementar el Plan General Metropolitano (PGM), aprobado en 1976 para impulsar la transformación urbana y social del territorio, pero que hoy, tras más de 1.200 modificaciones de su planteamiento inicial, precisa de un nuevo enfoque ajustado a las realidades territoriales coetáneas y al nuevo "paradigma urbanístico". 

La estrategia que alumbra el plan es la de constituir una "constelación de centros", en palabras de Carreras, que se refiere a la voluntad de reforzar la integración territorial de los diferentes municipios metropolitanos, pero conciliándolo con el respeto y el énfasis de la idiosincarasia del centro neurálgico" de cada territorio, en aras de reforzar "el sentido de identidad de sus ciudadanos". 

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El ente suprametropolitano planteó el PDU en tres etapas. La primera se desarrolló del 2013 al 2015, y consistió en el desarrollo de talleres y estudios territoriales y sectoriales. La segunda fase, en la que se encuentra inmerso el proceso, consiste en un avance del PDU "como hipótesis de discusión", con el desarrollo de mesas temáticas y ejes territoriales, así como la integración de planes metropolitanos en curso. El última paso será la redacción definitiva del PDU.