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Barcelona ha ganado más de 500 terrazas en un año pese a la ordenanza

La ola de cierres y recortes al aplicar la normativa contrasta con el alud de veladores de nuevos bares

Oposición y gobierno municipal se comprometen a un consenso rápido para desencallar el conflicto sectorial

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

Terraza del Bar Marina, una de las que el ayuntamiento ha decidido eliminar para despejar las concurridas aceras del entorno de la Sagrada Família. / ELISENDA PONS

Terraza del Bar Marina, una de las que el ayuntamiento ha decidido eliminar para despejar las concurridas aceras del entorno de la Sagrada Família.
Terrazas en la plaza de Santa Maria, donde la distribución previa prevista por el ayuntamiento eliminará terrazas.
Terrazas en la calle de Blai, donde operadores y vecinos mantienen una pugna sobre los horarios.

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LA EVOLUCIÓN

3.962 TERRAZAS tenia Barcelona a finales del 2013, cuando fue impulsada la nueva normativa, que debía aplicarse por fases. Un año más tarde eran 4.522. Tras los primeros ajustes, a mitad del 2016 cayeron a 4.334, pero con el inicio de la recuperación económica y el incremento de bares y restaurantes subieron a 4.808 a finales del 2016, hasta las actuales 4.846.

1.105 CASOS han sufrido recortes con una pérdida media del 53% de sus sillas, según el único informe de impacto hecho público por el ayuntamiento en marzo del 2016. Según sus datos, otras dos mil no se vieron afectadas y el resto (en esa fecha) ya fueron otorgadas con la nueva normativa vigente.

Un verano más -y van tres-, muchas terrazas de bares y restaurantes de Barcelona han llegado a la temporada alta con incertidumbres: sin saber si acatar la polémica ordenanza vigente o amotinarse y desoírla a costa de ser multados. La modificación de la norma prevista por el consistorio suma y sigue meses de negociación, por lo que el sector ha sentado hoy lunes a los líderes de los grupos políticos municipales ante un foro de más de 250 restauradores (la mayoría soliviantados) para exigir que la alcaldesa Colau mueva ficha tras más de dos años de pugna y sanciones. Lo llamativo es que en pleno conflicto y con cientos de casos de licencias no renovadas o recortadas a la mitad, el último balance señala que los últimos 12 meses Barcelona ha ganado más de 500 nuevos veladores en sus calles.

Ante un foro bastante crispado por afectaciones que han supuesto la eliminación de terrazas (como en la reciente medida para el entorno de la Sagrada Família) o la pérdida de muchas mesas y supuestos puestos de trabajo, el concejal Daniel Mòdol (PSC) ha asegurado que pese al lío que vive este ámbito económico, la capital catalana tiene actualmente más terrazas que nunca, un total de 4.896. Mòdol, al frente de esta negociación desde que los socialistas se convirtieron en socios de gobierno de Colau en mayo del 2016, mantiene que han entrado en juego muchos nuevos operadores procedentes de los 1.500 negocios abiertos en los últimos cuatro o cinco años. 


REDISTRIBUCIONES

Es decir, se da la paradoja de que la normativa -con sus criterios de distancias y liberación de espacio público- obliga a cortar con mano dura el aforo de muchos veladores, pero, por contra, el ritmo de crecimiento del sector implica un alud de peticiones de nuevas licencias que se otorgan si se ajustan a la ordenanza. A resultas de ello, muchas de las que se abren paso en calles y plazas son de pequeño formato, a no ser que se ubiquen en zonas poco problemáticas.

Mòdol recuerda también que la nueva distribución de mesas y sillas impuestas en algunas zonas singulares, como es el caso de la rambla del Poblenou, ha supuesto la reducción de mesas y sillas para algunos, pero ha redistribuido el juego al encajar peticiones de locales que antes no tenían ninguna. De cara al documento de preacuerdo que se presentará antes de que acabe julio, ha avanzado que hay bastante unanimidad en flexibilizar criterios de distancias -desde los distritos- para evitar que en una misma calle una terraza tenga licencia y otra no, por ejemplo, por la proximidad de un semáforo. La lógica se aplicará por encima de la rotundidad de las cifras que ahora se imponen.

En medio de la tormenta más virulenta que ha vivido nunca el sector, los alcaldables de la oposición (excepto la CUP, partidaria de recortes aún más drásticos), convocados por el Gremi de Restauració, han asumido sus pifias en el origen del conflicto y se han comprometido a lograr un consenso que acabe con los enfrentamientos y las situaciones surrealistas, como la de empresarios que han retirado sus terrazas pero las montan algunas tardes que saben que no se producen inspecciones "para mantener el negocio a flote".

Xavier Trias, exalcalde y padre de la criatura -aprobó la ordenanza el pasado mandato con el apoyo del PP- ha asumido este lunes que esta tiene cosas "buenas y malas", pero que su voluntad fue acabar con 17 normativas diferentes y tratar de homogeneizar criterios. La proliferación de mesas en la calle tras la ley antitabaco les llevó a impulsar una regulación que ordenase el crecimiento, que pensaban ir ajustando si no era funcional. También Alberto Fernández Díaz (PP) insiste en que la apoyaron hace cuatro años contando con "mecanismos de autocorrección", que el relevo en la alcaldía impidió. Cuando Colau quiso aplicarla, y cuando la realidad se impuso (más de 2.000 casos no se ajustaban a la norma), se acordó una modificación que aún no ha visto la luz, aunque se espera que se apruebe a final de año.

GENEROSIDAD PARA PACTAR

Nadie entiende, ni entre los grupos políticos ni en el sector, que si la regulación es tan conflictiva siga vigente y sin cambios. En el debate presentado por Xavier Sardà, firme defensor del terraceo como parte de la cultura local, el presidente del gremio, Pere Chías, ha anunciado que el sector está dispuesto a asumir "sacrificios" con tal de que la Administración desencalle el asunto. Tanto Alfred Bosch (ERC) -cuyo grupo se gestó en una terraza, ha confesado- como Fernández Díaz han prometido "generosidad" de miras para alcanzar un pacto, aunque no cumpla con todas sus expectativas. 

En diferentes vídeos y entrevistas con afectados emitidas durante el debate, se ha recordado que según un estudio de la Universitat de Barcelona el 85% de usuarios de las terrazas son residentes de la ciudad. El gremio se queja de que el ayuntamiento use genéricamente la opinión de los "vecinos" como colectivo a la contra. Ningún vecino de ese bando fue invitado este lunes a participar. 

  

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