Madres expulsadas a la calle en Barcelona (no importa el barrio)

El pasado día 16 pasó en Sants. Una mujer, embarazada de nueve meses, se encontró con cinco coches de los Mossos d’Esquadra en la puerta de su casa cuando regresaba de dejar a su hijo mayor en el colegio. La PAH denunció que el desahucio se producía sin previo aviso y el ayuntamiento, que el juzgado les mandó la notificación la noche antes, sin darles margen de actuación. En la calle de Lancaster, una mujer dio a luz en medio del proceso de vaciado de su finca en ruinas, adquirida por un grupo inversor al que han denunciado por acoso inmobiliario, y pendiente de un desahucio, viviendo en una finca en un estado deplorable junto a su bebé y su hijo mayor.

Este viernes, 30 de junio, otros dos episodios con un denominador común: el derecho a una vivienda digna no está asegurado en la ciudad, tampoco para los niños. A las dos de la madrugada los Mossos han dejado en la calle en Ciutat Meridiana a Yenú Antonella, embarazada de ocho meses. En paralelo, y en la plaza de Tetuan, a Pip Nolan –enferma, con dos niños y sin pareja–se le ha terminado el contrato de alquiler. El inversor que compró la finca en marzo quiere vaciarla para actualizar los alquileres. 

Desahucios visibles e invisibles. En Nou Barris y en el Eixample. Ahí van los dos últimos retratos de la Barcelona de 2017.

El nacimiento de su primer hijo está previsto para el 4 de agosto. Como cualquier pareja joven a punto de convertirse en padres, Yenú Antonella y su novio querían prepararlo todo para darle el mejor recibimiento. "Llevamos desde diciembre buscando un piso de alquiler, pero no encontrábamos nada", relata la joven, sentada en el salón de casa de su madre. Se refugió allí esta madrugada, cuando los Mossos la sacaron del piso en el que vivía desde hacía un mes, donde ya había pintado la habitación para el pequeño. "Justo ayer había comprado las cortinas", cuenta la joven. "Nos sacaron en plena noche y no nos dejaron llevarnos nada. Lo tengo todo allí -prosigue-; las bolsas con las cosas para el hospital y el cochecito".

El desahucio ha sucedido a las dos de la mañana de este viernes, poco rato antes del gran aguacero, en el 106 de la calle de Pedraforca, en Ciutat Meridiana, ese extremo de la ciudad rebautizado por sus propios vecinos como Villa Desahucio en lo más crudo de la crisis. Un sobrenombre que sigue definiendo su día a día dos años después de que la ahora alcaldesa cambiara la chapa de 'Stop Desnonaments' por la insignia con el escudo de la ciudad. Sobre el piso de la madre de Yenú en el que se ha refugiado, también en el barrio, pesa otra orden de desahucio. El apartamento de la hija es del Banco de Santander; el de la madre, del BBVA. 

SOLIDARIDAD DE BARRIO

Yenú entró en el piso de la calle de Pedraforca hace un mes. Cuenta que le compró la llave por 800 euros al supuesto antiguo propietario, que le contó que se lo cedía porque volvía a su país. Cuenta también que la citó para la entrega justo el día en que tenía la orden de desahucio (y que esta información se la ocultó). "Estábamos limpiando el piso para instalarnos y se presentaron los Mossos", recuerdan. Esta situación, el 'realquiler' de pisos propiedad de la banca okupados, es habitual en el barrio. "A mí me pasó algo muy similar. Estuve un año pagando 300 euros de alquiler al 'propietario' del piso, mientras el piso resultó ser ya del banco", explica Jeros Divino, activista de la asociación de vecinos de <strong>Ciutat Meridiana,</strong> quien ha acudido bien temprano a casa de María Antonia, madre de Yenú, a interesarse por la situación.

Pese a lo accidentado de la entrada, con la visita de los Mossos, la pareja siguió en el piso. "Les dieron la citación para el juicio en octubre y nos quedamos tranquilos, porque como mínimo les daba un tiempo, y en octubre ya habrá nacido el niño", señala María Antonia, quien, en paralelo a la entrada acompañó a su hija a hacer las distintas gestiones para regularizar su situación. Acudieron a la asociación de vecinos para iniciar una negociación con el banco para pedir un alquiler social, iniciaron los trámites para empadronarse en él y fueron a pedir hora para servicios sociales, hora que les dieron para finales de julio. 

"No entendemos por qué han cambiado la cerradura si tenemos el juicio en octubre", subraya Yenú, quien asegura que cuando llegaron a su casa de noche, encontraron la cerradura cambiada por el Banco de Santander, según fuentes municipales. Llamaron a la policía y forzaron la puerta. Puede parecer extraño, pero al fin y al cabo era la casa donde vivían. Cuando la policía llegó, a las dos de la mañana, les sacaron. Tras denunciar todo lo sucedido a primera hora de la mañana de este viernes, el ayuntamiento ha citado a la joven este lunes para buscar una solución.

El mismo día -30 de junio-, en el otro extremo de la ciudad, casi otra galaxia, otra madre en apuros. Desde este sábado, Pip Nolan, y sus dos hijos, Luca, de seis años, y Olive, de tres, están en su piso en el 31 de la plaza de Tetuan sin contrato de alquiler vigente. Finalizaba este viernes y la nueva propiedad vertical de la finca le informó vía burofax hace un mes y medio de que no iban a renovarle el contrato. Ella era la primera a la que le expiraba -el resto de los inquilinos irán detrás- y no era la excepción. Ni siquiera por ser una madre sola con dos críos pequeños, pendiente de un trasplante de riñón. 

En este mes y medio, desde que recibió el burofax, no ha parado de moverse. Lo que más ha visitado son inmobiliarias, claro. Y pisos. Los que les dejaban. "Al rellenar los formularios de las agencias, ven mi nombre, creen que soy musulmana y ya ni me llaman. Me ha pasado que he llamado a un piso, con mi acento, y me han dicho que ya estaba alquilado; y ha llamado acto seguido una amiga mía, española, y le han dicho que cuándo quería visitarlo", explica esta madre, quien paga 800 euros al mes.

"Estaría dispuesta, pese a que perdería mucha calidad de vida, a pagar hasta 1.200 euros, que es el precio mínimo que encuentro en el barrio, pero nadie me alquila, al ver que solo puedo entregar una nómina, que no es ni una nómina, porque soy autónoma", señala. 

Además de las agencias, Pip ha visitado la oficina de vivienda del ayuntamiento, y la inmobiliaria que gestiona la finca, siempre acompañada por sus vecinas, una piña. Tras exponer el caso a la nueva propiedad -era imposible encontrar algo en tan poco tiempo-, le ofrecieron una prórroga de seis meses. Poder quedarse hasta el 31 de diciembre. Pip salió de aquella reunión aliviada. En ese tiempo podría encontrar algo. Pero cuando pidió la prórroga por escrito se encontró con cláusulas como que a partir del 31 de diciembre cada día de más que tardara en entregar las llaves le cobrarían 100 euros o que, a los 15 días de esa fecha la propiedad podría entrar y cambiar la cerradura. "Llevé el contrato a la abogada del ayuntamiento y me dijo que no lo firmara, que había cláusulas de ese contrato que no eran legales", señala.

El pasado 19 de junio, tras explicar su historia en estas páginas, recibió una llamada de un representante de la propiedad. "Me dijo que no me preocupara, que podíamos revisar esas cláusulas, que ellos no eran una oenegé, pero que tenían corazón", cuenta. Como le pasó cuando le ofrecieron los seis meses -antes de ver el contrato- la llamada la alivió. "Me dijo que esa semana estaría fuera de viaje, pero que me llamaría esta semana. No lo ha hecho, y hoy [por el viernes] finaliza el contrato", prosigue.

CARTAS MARCADAS

Pip se siente como una pieza en una partida de un juego del que desconoce las normas. "Tengo miedo de recibir el lunes una denuncia. No sé por dónde van a salir, y me da la sensación de que, al no dominar bien el idioma [es neozelandesa] me toman por tonta", continúa.

La llamada que sí recibió este jueves es la de abogada del ayuntamiento, diciéndole que su caso había sido aceptado y que mediaría por ella. "Me llamó por la mañana y me dijo que por la tarde me volvería a llamar para acabar de concretar, y no lo hizo. Pero supongo que no es culpa suya -concluye-, debe de tener mucho trabajo".