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ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

Movilización de usuarios y familiares por la gestión de cinco residencias de ancianos

Las familias piden a la 'conselleria' que busque una solución a la falta de personal de los centros

TERESA PÉREZ / BARCELONA

Familiares y afectados de cinco residencias públicas de ancianos protestan frente a la Generalitat el 15 de junio de 2017.

Familiares y afectados de cinco residencias públicas de ancianos protestan frente a la Generalitat el 15 de junio de 2017. / ALBERT BERTRAN

Familiares y usuarios de cinco residencias públicas de ancianos de la ciudad de Barcelona se han concentrado este jueves en la plaza de Sant Jaume para denunciar el deterioro de las instalaciones y la falta de personal de los centros Mossèn Vidal i Aunós, Bon Pastor, Bertran i Oriola, Alchemika y El Molí, dependientes de la Conselleria d'Afers Socials y que gestiona la UTE Ingesan, filial de la constructora OHL.

Los demandantes, que han iniciado una campaña de recogida de firmas, se han reunido en dos ocasiones con el departamento de la Generalitat. "Pese a que nos anunció que pediría a la empresa que aumentara el personal de atención a los ancianos, no hemos notado ninguna mejora para los usuarios. Las residencias no tienen constancia de esta petición", ha afirmado María José Carcelén, portavoz de la coordinadora que agrupa a las cinco residencias.

REUNIONES CON LA CONSELLERIA

La coordinadora, la plataforma SOS Gent Gran Barcelona y la FAVB han exigido a la Generalitat que "asuma su responsabilidad e impida la degradación de este servicio público forzando a las empresas para que pongan la calidad de atención a los ancianos por delante de su propio beneficio económico".  

También la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha admitido a trámite una queja colectiva contra estas cinco residencias presentada por la coordinadora de familias. Vilà la ha admitido a partir de la competencia del ayuntamiento establecida en la Carta Municipal, aunque el consistorio todavía no ha asumido el traspaso de los servicios especializados en esta materia que gestiona la Generalitat. Además, Vila considera que está obligada a velar preventivamente por los derechos fundamentales y humanos en la ciudad de Barcelona.

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