Barcelona ha ordenado cerrar 2.015 pisos turístico ilegales en 16 meses

Es una cruzada a largo plazo y llena de trampas, porque hay operadores que se las saben todas. Pero la ofensiva contra los pisos turísticos ilegales parece empezar a dar fruto, a tenor del balance presentado este jueves por el Ayuntamiento de Barcelona, con un saldo de 5.490 expedientes por pisos turísticos ilegales, que han generado 2.869 sanciones -con 530 ya cobradas- y 2.015 órdenes de cierre. De estas últimas, 548 la han acatado y en 127 casos se ha dictado el precinto. El resto siguen su curso legal.

Con los crecientes recursos humanos destinados a desenmascar y sacar del mercado las viviendas de alquiler por días no autorizadas, el ayuntamiento espera cumplir su reto de alcanzar las 3.000 órdenes de cese y acabar con la ilegalidad hacia el 2023. Una contienda compleja porque, pese a las clausuras, siguen habiendo intentos de negocio ilegal, que se combaten con controles pero también buscando la polémica implicación ciudadana en la denuncia. Según el ayuntamiento, la web para identificar si un piso tiene o no licencia sumó 2.784 entradas el año pasado.

La concejala de Urbanismo, Janet Sanz, también ha destacado que, de 19 residencias de estudiantes detectadas que daban alojamiento a turistas, en 14 casos se están tramitando sanciones o ceses, aunque en 13 han retirado los anuncios y han expresado la intención de acatar la ley. Otras cinco están siendo analizadas para determinar si alquilan habitaciones a turistas sin permiso. 

"IR HASTA EL FINAL"

Sanz ha defendido "poner en valor a los que están haciendo bien las cosas, e ir hasta el final con los que no lo están haciendo bien" y no cumplen con la normativa y fomentan el uso de pisos turísticos ilegales (hace un año se estimó que eran 6.275) , que ha descrito como corrosivos para la ciudad. ç

Estos datos han acompañado la presentación de nuevas medidas para frenar el lucrativo arrendamiento de pisos por días al turismo sin licencia de actividad en Barcelona. Este refuerzo es consecuencia de los pactos alcanzados con ERC para lograr su apoyoERC  en la reciente aprobación del plan especial urbanístico de alojamiento turístico (PEUAT). 

El consistorio ha doblado ahora el cuerpo de visualizadores de pisos turísticos ilegales (no inspeccionan, sino que comprueban denuncias o sospechas recogidas a través de quejas ciudadanas o de hallazgos en los portales de reservas), que han pasado a 20 a 40 efectivos. En el caso de los inspectores, el equipo se ha incrementado ya en cuatro personas, a las que se sumarán 10 más el próximo mes, cuando alcanzará los 34 empleados. El objetivo pactado es disponer de 80 entre ambos perfiles al terminar año y llegar a los 110 en el 2018.

También han mejorado los procedimientos para detectar anuncios ilegales, los recursos tecnológicos para los inspectores y se ha habilitado un pequeño local en la estación del Nord para que los visualizadores desarrollen su trabajo.

RIESGO DE 'TURISMOFOBIA'

Precisamente, el portavoz republicano, Jordi Coronas defiende que, al ganar recursos de detección e inspección, se pone trabas a la ilegalidad, lo que ahora resulta importante en el clima antiturístico generado en algunas zonas de la ciudad. "La regulación y el control son muy necesarios para acabar con discursos 'turismofóbicos", ha enfatizado. Y Sanz también ha utilizado el mismo argumento -"combatir actividades de 'turismofobia' o sentimientos de que estamos perdiendo la ciudad"- al defender las medidas municipales encaminadas a que el turismo "tenga menos impacto en el día a día de los vecinos".

El ayuntamiento también ha destacado que los portales de reservas de alojamiento Homeaway, Rentalia, Rent4adays, Openhouse, Only Apartments, Tripadvisor y Housetrip se han adecuado a la legalidad y ya no publicitan camas ilegales. Además, ya han manifestado "la voluntad de cumplirla" (lo que se está comprobando) Niumba, Fotocasa, Milanuncios y Segundamano. Según destacan, solo Airbnb incumple la norma de manera "explícita"Airbnb , por lo que arrastra un expediente por reincidiencia de 600.000 euros.

Unas sanciones que ahora serán más sencillas para la Administración, ya que la ley de medidas fiscales y administrativas 5/2017, que entró en vigor el mes pasado, incrementa las multas muy graves de la ley de turismo de la Generalitat, que pasan de 30.000 a 60.000 euros. Además, se establece que, para la detección formal de un piso turístico ilegal, basta con encontrar viajeros instalados una vez, mientras que hasta ahora se exigía comprobar que hubiera reiteración.