El ayuntamiento detecta 400.000 euros de sobrecoste en el instituto de informático

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha deducido del resultado de dos peritajes independiente que se ha producido un sobrecoste de 400.000 euros en los servicios prestados al Institut Municipal de Informática (IMI) durante el gobierno del alcalde Xavier Trias (CiU). Este organismo tiene como fin el suministro de servicios de tecnologías de la información y de la comunicación al consistorio y a las entidades o empresas públicas que dependen de este. La misma auditoría ha confirmado la existencia de trabajos por valor de 1,4 millones de euros que no tienen ninguna cobertura contractual.

El resultado de este estudio será remitido por el gobierno de Ada Colau a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que tiene abierta una investigación para revisar la gestión del IMI en los años 2014 y 2015Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), bajo el mandato de CiU. Durante este periodo, la dirección política de este instituto municipal estaba a cargo del exconcejal de Convergència, Antoni Vives, que dejó el consejo municipal en octubre del 2015. 

LAS EMPRESAS

Los auditores han analizado nueve facturas por valor de 1,4 millones de euros a ocho empresas que fueron contratadas sin cubertura contractual. Es decir, sin el correspondiente expediente, a dedo o verbalmente y sin la concurrencia de publicidad, como debería haberse hecho en un proceso de licitación. Una de esas mercantiles es Innova Smart Consulting que pasó una única factura de 273.345 euros por los servicios de apoyo a la oficina internacional y la gestión urbana a través de la tecnología. Otro ejemplo es Microsistemes, que facturó 160.917 euros por servicios similares y la elaboración de maquetas. Sobre esta empresa, en la que trabajó un cuñado de Artur Mas hasta, al menos, el 2014, la OAC solicitó el pasado mes de noviembre al ayuntamiento barcelonés información de los contratos que había obtenido.

La ausencia de expedientes de contratación vulnera la ley de contratos del sector público, una infracción “muy grave”, según fuentes municipales, en la gestión pública del IMI en los años en que CiU gobernaba la ciudad. Sobre el sobrecoste, las mismas fuentes consideran que de la horquilla de precios que plantea la auditoría se han de tener en cuenta el tramo más bajo, en atención a la falta de concurrencia ni de presupuestos previos que habrían evaluado las mejores opciones. Las empresas implicadas, sin embargo, todavía tienen la posibilidad de presentar alegaciones sobre este peritaje o asumir la diferencia de precio.