Airbnb se queda fuera del pacto para erradicar la promoción de los pisos turisticos ilegales

Los frentes contra los pisos turísticos sin regular en Barcelona pasan por inspeccionar a destajo viviendas alquiladas por días sin licencia y sacarlas de circulación, por días pero también por evitar que se pueden comercializar online. Sin anuncio no hay reserva. Muerto el perro, muerta la rabia, podría decirse. De ahí que el ayuntamiento haya redoblado la ofensiva contra las plataformas de reservas de alojamiento donde aparecen camas ilegales. Uno de sus primeros frutos -tras varios avisos y sanciones- ha sido abrir hoy lunes una mesa de trabajo donde participan las principales webs y cuya voluntad acordar actuaciones de mejora del sector que incluyen ir erradicando la ilegalidad. El problema es que el principal canalizador de la oferta local -y uno de los mayores del mundo- es Airbnb, con el que de momento no hay visos de consenso.

Según datos avanzados por EL PERIÓDICO el pasado enero, la oferta ilegal en los principales portales rondaba los 6.000, de los que 4.100 casos estaban anunciados en Airbnb, aunque ellos alegaban que parte de ese volumen que se oferta sin el correspondiente número de registro eran pisos alquilados solo puntualmente por los residentes. De cualquier modo, estaban fuera de normativa y representan la mayor porción del pastel no autorizado, por lo que cualquier comisión o mesa de trabajo queda huérfana mientras no haya avances con el gigante de los pisos turísticos.

En los últimos meses, otras webs han ido recortando y hasta anulando los anuncios de pisos no autorizados. Con quienes han expresado esa voluntad, el ayuntamiento ha abierto esta ronda de reuniones y diálogo en busca de complicidad: Homeaway, Booking, Tripadvisor, Rentalia y la patronal Apartur. Según la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, todos ellos colaboran para que no prosperen los pisos turísticos fuera de la ley.

ACERCAMIENTOS

La lista de retos en común incluiría "mejorar la relación entre turismo y ciudad", debatir nuevas regulaciones, minimizar el impacto negativo del turismo en algunos barrios y mejorar la experiencia, calidad y seguridad en la oferta que halle el huésped. Objetivos comunes con estos interlocutores, según el concejal de Turismo, Agustí Colom. 

Precisamente, con Homeaway, se acumulaban dos multas de 30.000 euros (una pagada y la otra recurrida), más una de 600.000 euros por reincidencia grave. Sanz ha afrimado que el expediente sigue su curso, pendiente de las alegaciones y las nuevas vías de diálogo. Un portavoz de la empresa ha explicado a este diario que todos sus movimientos se basan en "el marco jurídico" por lo que apelando a la ley de comercio electrónico y la directiva europea actuaron solo cuando el requerimiento municipal se acompañó de un listado de presuntos infractores.

Desde ese momento, Homeaway comprobó uno por uno los casos, de los que la mitad eran legales pero su titular no había detallado su número de registro, mientras que el resto se retiraron. En total desapareció una cuarta parte de su oferta, hasta quedarse con los 7.000 inmuebles ofertados en la actualidad. Apartur gestiona una cifra similar (la mayoría coincidentes) de entre los 9.600 autorizados en la capital catalana. 

Airbnb no ha sido invitado a esa mesa de trabajo al considerar el ayuntamiento que pese a la interlocución entre ambas partes en los últimos meses, aún no hay ninguna propuesta de la empresa que sea compatible con la erradicación que busca el ayuntamiento. "No hay el nivel de compromiso de otros portales", enfatiza Colom. Pero desde el macroportal, donde a finales del año pasado se ofertaban más de 12.000 alojamientos de los que casi 6.000 eran habitaciones sueltas, consideran que no se pueden alinear un pacto porque su oferta es "distinta" a la del resto de operadores.

Se escudan en que desean trabajar con las autoridades, pero esperan que la Generalitat legalice las habitaciones o 'home sharing' porque no pueden "participar en un acuerdo que no respete compartir el propio hogar", y afirman que el 70% de los anfitriones comparten su residencia principal, frente a "algunos operadores profesionales". El gigante del alojamiento está negociando con las autoridades de todos los principales destinos, aunque con particularidades en cada caso. En caso de retirar ahora los anuncios sin licencia, perdería una buena parte de su oferta. Tanto Generalitat como Govern han recordado en diversas ocasiones que sus enormes beneficios económicos no tributan en España.

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