10 preguntas clave sobre el futuro de Glòries

El proyecto de la plaza de las Glòries empieza a ser tan complicado de entender como de ejecutar. Para intentar arrojar algo de luz sobre lo que está sucediendo en lo que para Cerdà era el epicentro metropolitano, aquí van 10 preguntas y sus respectivas respuestas sobre el proyecto.

1. ¿El túnel de Glòries corre peligro? 

El ayuntamiento rescinde el contrato de las obras de las Glòries sin el aval de la oposición

Esta es una de las pocas cosas que parecen claras: el túnel se hará. Más que nada porque se ha perforado el 60% de la galería y porque obligaría a modificar, no solo este proyecto en concreto, sino también el del parque de la Canòpia, y por ende, todos los equipamientos y vivienda social prevista. También eixstían dudas sobre si seguirá pasando por debajo del túnel ferroviario de Adif, uno de los punto más delicados de la obra. Será así, básicamente porque todo lo que se ha hecho hasta la fecha va en esa dirección. Modificar la altura del túnel sería como empezar de cero.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/2\/8\/1493036905582.jpg","author":"ALBERT BERTRAN","footer":null}}2. ¿Cuándo se terminarán las obras teniendo en cuenta los retrasos previstos?

El cartel en la plaza de las Glòries sitúa el corte de la cinta inaugural en el mes de diciembre del 2018. Lo que ya es seguro es que el proyecto actual requeriría un mínimo de 19 meses más, segun se desprende de la auditoría presentada a finales de marzo. Eso nos sitúa en junio del 2020, con las condiciones actuales. Con la rescisión del contrato y el nuevo concurso, la obra del túnel estará detenida hasta el mes de enero (ocho meses de parón) para poder licitar el nuevo concurso y elegir a unos nuevos contratistas. Si todo sucede según lo previsto -algo insólito en una gran obra urbana- este primer túnel de los dos previstos en Glòries estaría listo en enero del 2020, según cálculos municipales.

3. ¿Quién tiene la culpa de lo que está pasando?

Esta es quizás la pregunta más delicada y más difícil de responder. No solo porque unos y otros se lancen los plantos por la cabeza escurriendo el bulto, sino porque, en el fondo, parece un cúmulo de despropósitos maridados con la mala suerte. La fortuna ha querido que el subsuelo estuviera repleto de colectores y restos urbanísticos del siglo pasado que no estaban contemplados en el proyecto. Las empresas dicen que no asumen el retraso porque se han hecho cargo de un proyecto distinto al que recibieron. CiU dice que le planificación (licitación, concurso público y adjudicación) fue impecable y que el gobierno actual se ha desentendido del control de la ejecución. Y Barcelona en Comú siembra dudas sobre el proceso (el famoso 3%) y culpa a las constructoras de los imprevistos.

4. ¿Cuánto costará finalmente la obra?

El coste, en el caso de que haya nuevo concurso, será de aproximadamente 83 millones de euros, según cifras de BIMSA. El Ayuntamiento de Barcelona licitó la obra en unos 80 millones de euros en el 2015, pero la oferta ganadora, la que está ejecutando la obra, ganó con la promesa de tener el trabajo listo con una inversión de solo 60 millones. Ya se ha ejecutado el 60% de la obra, lo que ha requerido de 43,5 millones de euros. Según la teniente de alcalde Janet Sanz, las constructoras han solicitado al consistorio un sobrecoste del 60%, lo que situaría la factura total en unos 96 millones. El concurso previsto para ese 40% que falta se cifrará en 40 millones.

5. ¿Se perforará el segundo túnel previsto desde Badajoz hasta la Rambla del Poblenou?

A pesar de que la teniente de alcalde Janet Sanz siempre se ha mostrado esquiva en esta cuestión, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó el pasado viernes que esta segunda galería forma parte del Compromiso por Glòries, firmado en el 2007 con los vecinos y que ella tiene previsto respetar. Pero ojo, intención no implica ejecución segura. Barcelona en Comú ha repetido en muchas ocasiones que este no es el proyecto que ellos hubieran aprobado porque no casa con su filosofía sobre el uso y explotación del espacio público. En definitiva: no tiene sentido un túnel viario dentro de la ciudad cuando tu primer objetivo es reducir el uso del vehículo privado.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/6\/8\/1493036844386.jpg","author":"ALBERT BERTRAN","footer":null}}6. ¿Glòries tiene que ver con el 'caso 3%'?

Una de las obras investigadas por el juez de El Vendrell que tramita la causa por el presunto pago de comisiones a Convergència Democràtica es la del túnel de las Glòries. El pasado mes de febrero, el magistrado ordenó una amplia operación, con registros y detenciones, para esclarecer este y otros proyectos urbanísticos. En concreto, se investiga el pago de donaciones de una de las empresas constructoras (Copisa) a una de las fundaciones de CDC. La propia alcaldesa hizo referencia a esta investigación el pasado viernes. Como también lo han hecho este lunes varios partidos políticos durante la comisión extraordinaria que ha abordado el futuro de la plaza.

7. ¿Se exigirán responsabilidades al gobierno anterior?

Por el momento, nadie ha hablado de buscar responsables políticos desde el punto de vista judicial, aunque el gobierno de Barcelona en Comú siempre señala al anterior responsable de Hábitat Urbano, Antoni Vives, como artífice de lo que está sucediendo hoy en la plaza de las Glòries, puesto que fue bajo su mando que se realizó el concurso público. Otro cantar es la vía judicial que, previsiblemente, se abrirá entre las empresas constructoras expulsadas del proyecto y el ayuntamiento a cuenta de la decisión del consistorio de rescindir el contrato vigente. Sobre la gestión efectiva o chapucera de las obras, la oposición parece contentarse con las críticas, sin que la sangre llegue al río.

8. El proyecto pasará al nuevo mandato. Si hay cambio de gobierno, ¿respetará el proyecto?

Es habitual que las grandes obras salten de mandato, a pesar de que otro partido de un color completamente opuesto se haga con el cetro municipal. Porque requieren de más de cuatro años (lo que dura un mandato), o porque empiezan en el ocaso de ese periodo. El nuevo gobierno debe asumirlo como propio, puesto que ha pasado por todos los trámites administrativos que lo validan, desde el proyecto ejecutivo hasta la adjudicación a una o varias empresas, pasando por los estudios previos, la licitación y el concurso público. Rescindirlo o modificarlo requeriría de razones técnicas o jurídicas que avalaran tal decisión. Eso es precisamente lo que ahora está encima de la mesa.

{"zeta-legacy-image-100":{"imageSrc":"https:\/\/estaticos.elperiodico.com\/resources\/jpg\/7\/1\/1493044465717.jpg","author":"ALBERT BERTRAN","footer":null}}9. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos?

La respuesta es obvia: mal. Pero bien merecen una respuesta que aporte su sentir. Se quejan de una planificación excesivamente optimista en cuanto a plazos; del riesgo de que el ganador del concurso ofreciera un 25% menos del precio de licitación (al borde de la baja temeraria). Reclaman al ayuntamiento la "máxima transparencia" para evitar que se repita lo que parece inevitable: el parón de las obras durante meses. El ayuntamiento, por su parte, asegura que la información a los afectados ha sido "fluida y constante" y que siempre serán los primeros en recibir la información sobre el devenir del proyecto. 

10. ¿En qué se basa el gobierno para romper el acuerdo?

En septiembre del año pasado, BIMSA empezó a redactar un contrato para modificar las actuales condiciones. Las empresas contratista pusieron sobre la mesa incrementos económicos y de calendario que, a ojos del ayuntamiento, eran inasumibles. Eso, junto con los primeros indicios de retrasos en la obra, empezó a encender las alarmas. La auditoría técnica solicitada por la CUP que se hizo pública en marzo fue definitiva: un sobrecoste de 12 millones de euros y 19 meses de retraso para entregar las llaves de la obra. Conocidos estos datos, el consistorio pidió un informe jurídico para depurar responsabilidades. Cerca de ocho meses de retraso son imputables a las empresas, y ese, junto con el criterio económico, parecen haber sido los criterios principales para romper la baraja.

Según el ayuntamiento, una cláusula del contrato permite al consistorio iniciar un nuevo proceso de selección de empresas para poner en marcha un nuevo proyecto de ejecución. De esta manera, y siempre según fuentes del consistorio, las compañías afectadas no podrían solicitar al juez, como medida cautelar, que detenga cualquier intento municipal de poner en marcha la maquinaria que permita un nuevo contrato. En resumen, la vía judicial y la vía constructiva o de relación con los adjudicatarios, siguen caminos paralelos que no se tocan ni se afectan. Si no fuera así, cualquier regañina entre la cosa pública y sus proveedores de obra civil sería susceptible de poner la ciudad patas arriba.