Casi la mitad de los pisos de un bloque de la Ciutat de la Justícia están okupados

Al menos 25 de las 64 viviendas de la finca, propiedad de la Generalitat, tienen inquilinos ilegales

Los vecinos denuncian que una mafia afincada en el inmueble trafica con los pisos

Bloque de la Ciutat de la Justícia con pisos ocupados, en primer plano. 

Bloque de la Ciutat de la Justícia con pisos ocupados, en primer plano.  / FERRAN NADEU

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DAVID GARCÍA / L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Un caso ilustra la magnitud y el descontrol del fenómeno de las ocupaciones ilegales de viviendas en Catalunya. En el complejo arquitectónico de la Ciutat de la Justícia, en L'Hospitalet, hay un bloque de pisos de protección oficial de la Generalitat. Resulta que de los 64 pisos de este inmueble, situado en el número 4A de la calle de Victoria Kent, al menos 25 están ocupados de patada, tal como reconoce la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Casi la mitad. ¿Y quién da la patada? Según los vecinos, "una banda organizada" que reside en la misma escalera y que trafica con las viviendas. Concretamente, apuntan a la tercera planta. Los Mossos d'Esquadra, en cambio, aseguran no tener ninguna investigación abierta.

INQUILINOS QUE TEMEN SER RECONOCIDOS

El miedo entre los vecinos legales es palpable. Ninguno quiere dar su nombre por miedo "a las represalias". "A los del tercero les resulta fácil reconocernos; solo tienen que mirar los buzones para saber en qué piso vivimos", argumenta una vecina a la que llamaremos Clara M. Después de ocho años en lista de espera, finalmente la Generalitat le concedió el piso en el verano del 2014. "Fui la primera inquilina legal de esta vivienda", dice orgullosa. Desde el 2011 hasta entonces, el piso, que formaba parte de una promoción para gente joven, había estado habitado de forma irregular. Ahora, su ventana da a los juzgados de la Ciutat de la Justícia y su puerta, a un rellano con dos pisos ocupados.

En la Agència de l'Habitatge son conscientes del problema: "Hace tiempo que nos llegan las quejas de los vecinos". También saben que muchos ocupas tienen los suministros pinchados. En total hay 14 pisos con la luz pinchada y 8 con el puente en el contador del agua. Quienes no tienen agua, la van a buscar con garrafas a la fuente que hay junto a un edificio del complejo en el que no cesa la entrada y salida de jueces, fiscales y abogados. Por su parte, la empresa del gas ya ha cortado el servicio a 24 viviendas.

En paralelo, la Administración se tiene que resignar a utilizar la vía judicial para pedir los desahucios. Un proceso largo en el que están en contacto permanente con los servicios sociales por si los ocupantes se encuentran en situación vulnerable. Sin embargo, los resultados no son muy esperanzadores. Fuentes policiales señalan que en el 2015 había 7 ocupaciones denunciadas en el inmueble en cuestión, 22 en el 2016 y 25 en lo que llevamos de 2017.

CUATRO PISOS SIN ADJUDICAR

Actualmente hay cuatro pisos vacíos pendientes de adjudicar. Una puerta de hierro antiocupación preserva su interior. Eso sí, los vecinos que llevan años en la escalera discrepan de su capacidad disuasoria. "No entran por la puerta, bajan por los patios de luces y acceden por la ventana del cuarto de baño; una vez dentro revientan la puerta hacia fuera", explica una vecina.

Una experiencia similar a la que vivió Ángeles H., otro nombre figurado. "Cuando llegué para instalarme, el piso tenía una puerta metálica -relata esta mujer de avanzada edad-. Los operarios me la cambiaron la misma mañana; sin embargo, cuando volví por la tarde ya no entraba la llave". Le habían cambiado la cerradura aquel mismo día. "Me entraron por la ventana del lavabo y, por lo visto, al romper el cristal se cortaron", rememora. Hoy, su ventana continúa rota. "Ya entré a vivir aquí con miedo".

"A veces dejan los pisos destrozados, sobre todo cuando son conflictivos", desvelan fuentes de Habitatge. Por ello, las adjudicaciones de las viviendas protegidas se demoran. "Nos encontramos con que han roto las paredes, con que hay que rehacer las puertas, con que se han llevado el horno... Hay de todo". Clara M. asegura haber visto incluso cómo tiran las paredes de pladur en los contenedores de la Ciutat de la Justícia.

LOS ESTAFADOS NO DENUNCIAN

Fuentes policiales aseguran tener denuncias de la Administración, pero ninguna de ellas se puede vincular a la actuación de alguna banda organizada. "Tiene que haber un denunciante que firme y nos diga: 'Yo pagué por una llave y me la pasó equis persona, que luego no me permitió vivir donde quería'", señalan. Un camino que los vecinos consideran inviable, ya que muchas de las personas que se alojan no tienen los papeles en regla. "¿Cómo van a denunciar? ¿Van a ir a firmar para que se los lleven al CIE?", reflexiona una cuarta vecina. "Aquí se junta gente con ganas de ganar mucho dinero y sin escrúpulos, y gente con una necesidad muy severa", añade.

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Mientras tanto, al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat no le constan estas ocupaciones irregulares. "Son propiedad de la Generalitat", alegan mientras aseguran: "No nos han comunicado ninguna ocupación irregular".

"Es alucinante que la televisión esté aquí enfrente todos los días y que esto esté pasando sin que nadie se de cuenta", lamentan los vecinos.