Los vecinos denuncian que una mano negra frena el portazo definitivo al hotel del Palau

Representantes de las distintas asociaciones vecinales de Ciutat Vella que llevaron a los tribunales a Félix Millet y Jordi Montull y a la cúpula de Urbanismo del último gobierno socialista de la ciudad se han vuelto a sentar hoy tras los micrófonos y ante la prensa para pedir al actual equipo de gobierno del ayuntamiento -muchos de ellos, miembros de este tejido asociativo en aquella época- que ponga "luz y taquígrafos" sobre las gestiones que se están realizando para retirar la modificación del PGM firmada para facilitar la construcción del polémico hotel, aún vigente. Una retirada solicitada, además, por un pleno en junio del 2010 -cuando saltó el escándalo del Palau- y en julio del 2016, tras la presión vecinal.

"Llevamos casi dos años con el actual gobierno y la modificación del PGM que permite el hotel sigue vigente. Nos consta que políticamente quieren hacerlo, y queremos saber quién lo está frenando. Exigimos un seguimiento de qué se está haciendo. Hay una arquitectura administrativa que se ha de fiscalizar. Queremos saber qué gerentes llevarán la voluntad política expresada en el pleno a una realidad satisfactoria", ha señalado Itziar González, exconcejala de Ciutat Vella en la época en la que se fraguó el caso del hotel, que dimitió al no poder pararlo, según señaló años después y ha recordado este miércoles.

DOBLE CONDENA

Ha hablado también en la sede de la FAVB, donde se ha realizado la rueda de prensa, Jordi Papell, presidente de la asociación de vecinos del Casc Antic, entidad que se lió la manta a la cabeza para denunciar la operación urbanística, que finalmente ha sido condenada a pagar las costas judiciales -15.000 euros-, al no ver los magistrados del Supremo delito de tráfico de influencias en actitudes "que pueden ser moralmente reprochables y constituir infracciones administrativas u otros tipos delictivos". La misma sentencia -que hundió al combativo tejido asociativo del barrio, por lo simbólico del caso- admite que Millet y Montull reclamaban de forma apremiante a los funcionarios la modificación del PGM, si bien no lo considera delito porque, según el alto tribunal, no tenían “entidad suficiente para domeñar a las autoridades”.

Este jueves celebrarán una asamblea en el 'casal' del barrio del Pou de la Figuera para decidir cómo afrontar dicho pago. "O hacemos una recolecta entre los vecinos o disolvemos la asociación", ha concluído Papell.