Barcelona integra un frente común de ayuntamientos por la municipalización del agua

Barcelona inició a finales de noviembre pasado el camino, que se antoja largo, hacia la municipalización de la gestión del agua. En el caso concreto de la capital catalana, el asunto está afectado por un pulso judicial a cuenta de la adjudicación sin contrato de la gestión a una sociedad formada por Agbar, La Caixa y el Área Metropolitana de Barcelona, del que se espera un fallo el año próximo.

Pero más allá de este obstáculo, son muchos los problemas con los que se encuentran los ayuntamientos que, como el de Terrassa, se proponen acabar con la gestión privada de un servicio, el del agua, que en grandes ciudades como Berlín o París ya están en manos de la Administración pública.

Este martes, durante la jornada ‘Agua, bien común. Retos y futuro’, organizada por el consistorio barcelonés y la entidad Aigua és Vida, se han presentado las Bases para la gestión del ciclo urbano del agua, una serie de principios acordados por entidades sociales, operadores públicos y ayuntamientos, entre los que se cuentan la ya citada Terrassa, Sabadell, Cerdanyola, Badalona, Valladolid, A Coruña, Valencia y Zaragoza, entre otros. El objetivo final, cambios legislativos que acoten la actuación de los gestores privados.

CONTRATOS MÁS CORTOS

Los ayuntamientos han constatado dificultades graves por la opacidad en la información sobre el servicio, que achacan a “las resistencias cuando no el boicot total de algunos operadores privados”. También señalan como problemas la excesiva duración de las concesiones y la ausencia de instituciones colectivas locales. El documento aboga por garantizar la transparencia en la información; acabar con los ingresos por conceptos no esenciales; vetar los cánones concesionales, por considerar que potencian la privatización y la opacidad, y, en general, propiciar un marco legislativo propicio a la remunicipalización. Para empezar, las ciudades subrayan que la ley Montoro, que limita la actuación municipal a cuenta de la austeridad a la que llevó la crisis, es un obstáculo principal. Por ejemplo, impide redes supramunicipales de gestión de servicios.

PUNTO DE ENCUENTRO

El concejal de Agua y Energía de Barcelona, Eloi Badia, ha considerado “imprescindible” el documento de bases para combatir una legislación “mercantilista” que ha obligado a la administración local a externalizar servicios. Una normativa, ha dicho, que permite una privatización instantánea pero obliga a un largo proceso para municipalizar. “En el fondo, se pone en juego la soberanía de los plenos municipales para decidir cuál es la mejor forma de gestionar los servicios públicos”.