Varapalo de la fiscalía al Gobierno de Trias por el pago del alquiler del 'banc expropiat'

La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación abierta de oficio (sin denuncia previa) al exalcalde de Barcelona de CiU, Xavier Trias, por un posible delito al haber pagado durante un año con fondos municipales el alquiler a su propietario del llamado 'banc expropiat', okupado por un grupo de jóvenes en Gràcia. Sin embargo, en el decreto de archivo de la fiscala jefe, Anna Magaldi, se da un verdadero varapalo al anterior Gobierno, denunciando irregularidades en los expedientes.

El decreto sostiene que la decisión que adoptó Trias de formalizar el arrendamiento "no solamente proporcionó cobertura a una situación manifiestamente ilegal", sino que, además, las razones y motivaciones que se esgrimieron no fueron plasmadas en el expediente. Este hecho, "junto con numerosas y flagrantes irregularidades en su confección", provocó "graves incongruencias".

El escrito señala que para que el área de Patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona proceda al alquiler de un inmueble en favor de un departamento es necesario que este se dirija a él, cosa que no ocurrió con el 'banc expropiat'. En este caso se empezó con un informe de la gerente de Gràcia. Este informe, según la fiscalía, “lejos de recoger la voluntad" y el motivo para arrendar el local, “se limita a enunciar de forma aséptica las actividades" que se hacían en él, "sin realizar ni valoración ni comprobación alguna".

PAZ SOCIAL EN EL BARRIO

El informe de la Dirección de Patrimonio también “recoge incongruencias e irregularidades", aunque introduce otro elemento: el peligro que para la paz social del barrio podría suponer los altercados tras un desalojo. Pero este aspecto, alega el decreto, no está documentado en el expediente. Por ello, se desprende “una insuficiente motivación" para justificar el alquiler.

“La falta de consistencia motivadora” del expediente ocultaba, "en realidad, una decisión política sin precedentes", "tributaria de la más contundente de las censuras" por cuanto su adopción "amparó el comportamiento claramente ilegal, cuando no delictivo" del grupo que okupaba el local. La fiscalía concluye que no se ha podido demostrar que la decisión estuviera motivada por razones "puramente partidistas" o "evitar el desgaste de la imagen del gobierno municipal". El alquiler se pagó, incide la fiscala, para paralizar el desalojo y posibles altercados.