El plan de alojamientos turísticos abre una guerra de exigencias en los grupos de la oposición

Con el calendario en contra, el gobierno municipal de Ada Colau se enfrenta a la necesaria aprobación -en un plazo de poco más de un mes- del plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) en un entorno cada vez más enrarecido, donde los grupos de la oposición llevan toda la semana disparando exigencias a cambio de su apoyo. Hoy jueves ha sido CiU quien ha dejado claro que no apoyará un plan "restrictivo y que apuesta por el decrecimiento económico", pese a estar dispuestos a negociar hasta el final. 

Un final marcado por la caducidad (a mitad de marzo) de la moratoria de licencias que se aplica en Gràcia, o la del Poble Sec (abril). El objetivo municipal era dar forma definitiva al documento cara a su luz verde en la comisión de Urbanismo de la próxima semana. Los plazos serían así cómodos para, una vez aprobado definitivamente, aplicarlo antes de marzo. No obstante, la falta de sintonía entre los grupos hace pensar que el necesario acuerdo podría no llegar hasta febrero, en plan 'last minute'.

La concejala Janet Sanz dejó claró el miércoles que hay voluntad de pacto y de asumir requisitos de todos los grupos para que el

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controvertido PEUAT, que debe establecer el desarrollo de las camas turísticas de los próximos años y que divide Barcelona en cuatro zonas, sea lo más consensuado posible. Pero las posturas entre los grupos de izquierdas y los conservadores son tan opuestas que la balanza podría oscilar entre cierto aperturismo (como reivindican CiU, PP o Ciutadans), y la mayor mano dura que reclaman ERC y la CUP Capgirem Barcelona.

EL PSC HACE FRENTE COMÚN

En tono conciliador, Carmen Andrés, la portavoz del PSC, socio de gobierno de Colau, y llamado a suavizar el documento, ha negado que haya discrepancias entre ambos sobre la futura ordenación. "Estamos trabajando conjuntamente como gobierno", asegura, aunque Sanz haya avanzado posiciones hacia las demandas de ERC, la CUP y algunas entidades vecinales, al "plantear" ampliar la zona 1 (considerada de decrecimiento natural y donde cada cama que desaparezca no podrá ser relevada) hasta incluir Poblenou, Sant Antoni y Hostafrancs, según recoge El País. Esa zona 1, especialmente crítica por la gran densidad de plazas de alojamiento, incluye en el documento inicial a Ciutat Vella, parte del Eixample y barrios clave como la Vila de Gràcia y el Poble Sec.

Pero mientras la izquierda más radical tira de un extremo, el resto de partidos estiran del otro. El concejal de CiU Jordi Martí ha sido rotundo al replicar poco después que no darán apoyo a un PEUAT "restrictivo" que afecte al crecimiento económico de Barcelona, ni que amplíe los recortes más drásticos a los mencionados barrios. Asume que es necesaria una regulación que impida levantar las moratorias y abrir la veda de alojamientos, pero descarta el "giro ideológico" que aprecian en el plan. 

Y es que CiU parte de la idea de que el "turismo es bueno para la ciudad" y hay que "favorecer" a los operadores "que lo hacen bien", frente a la oferta ilegal. A su juicio, la solución pasa por blindar la oferta turística en los barrios saturados pero permitir fórmulas de crecimiento sostenible en el resto, revisables cada dos años. También defiende la recuperación del patrimonio de la ciudad con rehabilitaciones para usos hoteleros y la creación de una ordenanza sobre pisos turísticos.

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Con semejante panorama, los 'cupaires' han anunciado que aunque el plan "es del todo insuficiente", no impidirán su aprobación, con tal de evitar lo que consideran males mayores. El grupo prevé abstenerse, aunque si su voto terminase siendo determinante decidirían desde las bases inclinarse o no a favor. Aunque son críticos con los déficits del ordenamiento, reconocen que parte de sus demandas han sido atendidas.