El Ayuntamiento solicita a la fiscalía que actúe contra los desalojos extrajudiciales

Echar a alguien de su casa era una tarea judicial, con la policía como brazo ejecutor. De un tiempo a esta parte, en la película han entrado actores privados, empresas contratadas por propietarios con el objetivo de liberar su inmueble de incómodos moradores. Sea porque está ocupado o porque el inquilino ya no interesa. Los modales no son siempre amables. Es más, puede que incluso se incurra en un delito de acoso inmobiliario. El Ayuntamiento de Barcelona se propone meter la mano en el asunto. Ya ha trasladado a la fiscalía cuatro intervenciones de desalojo extrajudicial, y prepara un protocolo para evitar que se produzcan más.

El teniente de alcalde Jaume Asens, abogado de profesión, ha sido el encargado este miércoles de desgranar la hoja de ruta municipal. Ha alertado de un fenómeno “que ha ido a más” y que usa "el acoso psicológico e incluso físico”. Una práctica, ha concretado, que podría “violar la ley de vivienda”. Este diario se ha hecho eco en varias ocasiones de los desahucios llevados a cabo en los últimos meses por Desokupa, una de las empresas que se dedica a este menester y que se presenta como experta en mediación.

Según Asens, su actividad afecta “a colectivos vulnerables de la ciudad”. Esta una de las frases, ha aportado Asens, usadas por el personal de esta compañía: "Vosotros lo habéis querido y habrá consecuencias. Cualquier día te rompo las piernas”. El ayuntamiento ha documentado un total de siete intervenciones de estas empresas en el último año, donde presuntamente se habrían podido producir ilegalidades.

GRÀCIA Y CIUTAT VELLA

Entre los cuatro casos llevados a fiscalía, dos son ya conocidos. El primero se produjo el 14 de abril en el barrio de Gràcia, en la casa okupada de Can Dimoni. El Observatori Desc presentó una querella contra Desokupa. El segundo sucedió a finales de agosto, con la misma empresa implicada. Cinco guardias privados intentaron echar a una familia de filipinosfamilia de filipinos que vivían en un piso de la calle de la Cera.

Los servicios jurídicos del consistorio han trasladado un expediente sobre cada uno de los casos a la fiscalía donde constan imágenes, atestados policiales, testigos, e informes realizados por trabajadores públicos que han presenciado los hechos, así como noticias aparecidas en los medios de comunicación.

En paralelo, el consistorio ha puesto en marcha un protocolo de actuación para coordinar todas las áreas municipales ante la proliferación de desalojos extrajudiciales. Dos agentes de la Guardia Urbana que patrullan por Ciutat Vella recibirán una formación específica para evitar casos de acoso inmobiliario, un fenómeno “difícil de detectar”, en palabras de Asens.  

REALOJAMIENTO

En caso de que las personas ocupantes del inmueble hayan sido ya desalojadas a través de estas acciones, se activarán los servicios sociales para que se valore la idoneidad de ofrecer un realojo de emergencia.

Asens ha aprovechado la ocasión para solicitar un convenio de colaboración entre el gobierno local y la Fiscalía Superior de Catalunya en materia de acoso inmobiliario. Ya existió en tiempos de Hereu, entre el 2008 y el 2012, con un fiscal especializado en estos asuntos, pero no se renovó.