La comunidad de Figuerola, el desenlace

En el número 12 de Isaac Albéniz había antiguamente una torre. Como tantas, fue vendida y derribada y en su lugar se erigieron pisos, que se alquilaron. Cada cuatro domingos, un hombre aparecía para cobrar el alquiler, que hace 30 años era de unas 2.000 pesetas para viviendas de cerca de 50 metros cuadrados. En 1989, el Ayuntamiento de Barcelona expropió la finca, en el marco de una operación de ordenamiento con motivo de la construcción del túnel de Vallvidrera. Al final, el plan se anuló.

El privado al que se había expropiado el inmueble rechazó recuperar su titularidad y esta quedó en manos del consistorio. La expropiación anuló los contratos existentes. Por dejadez, o por un error injustificable, en los 27 años siguientes nunca nadie reclamó un euro a los inquilinos, ni antes pesetas (y por poco no fueron sestercios).

El ayuntamiento emprende el desahucio del okupa convergente de su piso 'legal'

Uno de los vecinos llamó a la antigua propiedad y la respuesta fue clara: “Esto ya no es nuestro”. Los vecinos recuerdan que alguien les dijo que el ayuntamiento no podía alquilar, que solo podía vender. Hubo algún tanteo: representantes municipales les ofrecieron, hace seis o siete años, comprar los pisos por 300.000 euros, pero la cifra les pareció desproporcionada y el tanteó quedó en nada.

De algún modo debía constar el edificio porque en el 2009, en tiempos del alcalde Jordi Hereu, y en el 2013, en tiempos de Xavier Trias, se acordó, en el primer caso vía plenario y en el segundo, vía decisión de la comisión de gobierno, ceder dos de las viviendas. Solo una entidad social, a la que se dio un piso por cinco años, abonaba regularmente un pago ajustado a su actividad: 650 euros anuales.

UNA CERRADURA QUE NO ABRE

A la búsqueda de pisos para alquiler social, el ayuntamiento se  topó con una doble sorpresa en el edificio. Por un lado, el actual gobierno municipal tomó conciencia de que allí Barcelona perdía dinero desde la caída del muro de Berlín. Por el otro, cuando una comitiva acudió, en febrero, para ver en qué estado estaba el 4º 1º, con la idea de destinarlo a una familia económicamente vulnerable, la llave no abría. De la vivienda constaba que sus inquilinos, fallecidos, no la ocupaban desde el 2010.

Fue entonces cuando se supo que quien había ocupado el piso era el vecino de al lado, el consejero municipal de CiU en Sarrià-Sant Gervasi Joan Figuerola. Y no fue fácil. La comitiva fue informada por alguien que abrió la puerta del 4º 2ª, el piso del consejero, de que el 4º 1ª ya no era una vivienda independiente, de que formaba un todo con la suya. Al día siguiente llamaron a Figuerola, que lo negó y aseguró que una pareja de Tamarite de Litera (Huesca) acudía de vez en cuando a la casa.

En una segunda visita, la comitiva encontró al propio Figuerola, que negó haber anexionado la vivienda y aludió a la tesis de los vecinos ocasionales de Tamarite. En un un tercer intento, este a cargo de la Guardia Urbana, el hombre cambió su versión y admitió que un hijo suyo en paro ocupaba la vivienda.

DEVOLVER LA LLAVE

El conflicto se cerró de una forma algo estrambótica en lo que al reparto de responsabilidades se refiere. Figuerola, que como consejero había denunciado las ocupaciones en su zona, negó (menos a la Guardia Urbana) haber ocupado el 4º 1ª  con el fin de destinarlo a su hijo. Algunos vecinos confirmaron que eso es lo que pasó, que el propio Figuerola padre les relataba que su vástago tenía problemas de dinero que lo justificaban y que fue este, Figuerola sénior, quien cambió la cerradura.

De hecho, la familia intentó que el piso fuera entregado al hijo, a la vista de sus carencias económicas, pero según la versión municipal, no reunía las condiciones para ser beneficiario de un alquiler social.

Pese a tanta negación, el pasado 19 de mayo, Figuerola júnior entregó al ayuntamiento la llave del piso ocupado. CiU, por su parte, consideró que el asunto tan solo afectaba al hijo y lo dio por zanjado. Ahora todos tendrán contrato y solo falta saber si los dos que no lo aceptan, entre ellos el consejero municipal, acaban desahuciados.