Barcelona cree que la Generalitat "podría hacer más" contra la pobreza energética

El Ayuntamiento de Barcelona considera que la Generalitat de Catalunya no pone toda la carne en el asador del frente de la vivienda y contra la pobreza energética y le reprocha que un año y medio después de la aprobación de la ley 24/2015 no haya elaborado todavía un reglamento que fije las obligaciones de las empresas suministradoras, algo que por ahora queda determinado en un protocolo.

La principal obligación es la que atañe al llamado principio de precaución: la ley dice que las empresas deben informarse sobre si un cliente es económicamente vulnerable antes de cortarle la luz.

La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, han comparecido este martes, 24 horas antes de sentarse con los representantes de la Administración catalana en la mesa de emergencia social sobre vivienda y pobreza energética. Las declaraciones se han realizado el mismo día que Gas Natural ha presentado en el Registro de la Conselleria d'Energia la respuesta al requerimiento de información que le solicitó la Generalitat por el incendio mortal de Reus provocado por una vela debido a que la empresa había cortado la luz a la víctima.  

Ortiz ha llamado a "un frente común" entre administraciones y ha afirmado sobre el papel de la Generalitat: "Se podría hacer más. Los ayuntamientos se sienten solos. El protocolo no es suficiente. No decimos que no se haya avanzado, pero se pueden tomar medidas más contundentes". Como ejemplo, ha esgrimido la instrucción que el ayuntamiento elaboró con tal fin.

El protocolo aludido por la teniente de alcalde fija las obligaciones de las empresas en pobreza energética por la ley 24/2015, no suspendida por el Tribunal Constitucional en esta parte. Ortiz ha argumentado que aunque la ley es clara, con un reglamento sería más sencillo obligar a las empresas. De hecho, estas suelen subrayar la ausencia de ese reglamento cuando se las señala. Por eso, Ortiz ha advertido: "No les demos ninguna excusa".

También ha habido demandas al Gobierno central: Montaner lo ha instado a hacer un nuevo plan de vivienda y a colaborar en el objetivo de regular topes en el precio del alquiler.  El concejal ha abogado también porque la nueva ley que el Parlament prepara tras la suspensión parcial de la 24/2015 incluya estos límites al coste del alquiler.

2.000 EXPEDIENTES REVISADOS

Ortiz ha anunciado que el consistorio revisa 2.000 expedientes de cortes de suministro por si incumplieron las normas y que ha emitido 32 expedientes sancionadores a Gas Natural y Endesa por casos en los que aprecia que no actuó correctamente. Por estos motivos, ya se ha impuesto una multa de 7.000 euros a Endesa, que la ha recurrido.

La teniente de alcalde ha subrayado que las empresas "tienen que pagar la factura de la pobreza energética". De hecho el consistorio intenta cerrar un convenio con las energéticas en este sentido. Barcelona, ha dicho Ortiz, dedica actualmente unos tres millones de euros al año a esta cuestión.

60 DESAHUCIOS A LA SEMANA

Montaner ha recordado que la dificultad para acceder a la vivienda está expulsando a jóvenes de Barcelona y ha citado datos que apuntan a que el problema no se reduce: "los desahucios se mantienen y suben un poco. Un 94% son de casos de alquiler. Hay unos 60 cada semana".