09 jul 2020

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PRESUNTO FRAUDE EN UN ORGANISMO MUNICIPAL

El ayuntamiento apunta que el Instituto Municipal de Informática malversó en la época de CiU

Un informe jurídico encargado por el equipo de Colau señala que también hubo "prestamismo laboral"

Antoni Vives, que era el resposable de la entidad, niega las acusaciones y asegura sentirse "indefenso"

Xabi Barrena J. G. Albalat

El exconcejal de CiU, Antoni Vives, en octubre pasado.

El exconcejal de CiU, Antoni Vives, en octubre pasado. / JULIO CARBÓ

Un informe jurídico encargado por el equipo de gobierno de Ada Colau tras su llegada al Ayuntamiento de Barcelona apunta a que las irregularidades en la gestión del Institut Municipal de Informàtica (IMI) en los años 2014 y 2015, bajo el mandato de CiU, podrían se constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos y fraude a la Administración, entre otros. Durante ese periodo, la dirección política del instituto estaba a cargo del exconcejal de Convergència Antoni Vives, que este miércoles ha negado las anomalías y ha asegurado sentirse “perseguido e indefenso” como "David frente a Goliat”. La Oficina Antifrau ha abierto una investigación y el consistorio está a la espera de recibir una auditoría más extensa.

El dictamen, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, destaca que los antiguos gestores del IMI cometieron irregularidades en el ámbito de la contratación de servicios y de personal. Durante el periodo 2011-2014 esta entidad realizó una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, que, según detallan los análisis, constituyen una “mala praxis administrativa”. 

Otra de las anomalías que se han detectado es que determinados proveedores del IMI ofrecen servicios a la entidad como personal externo. En concreto, 63 empresas proporcionan 278 trabajadores, lo que comporta, según el informe jurídico, “prestamismo laboral”. El hecho es que la plantilla de externos como mínimo igualó a la del IMI y, además, los foráneos ocuparon puestos de mando.

También se ha constatado la existencia de proyectos que, en principio, están fuera del ámbito contractual habitual del IMI, así como facturas pendientes de pago con “contratos verbales” y cuyo montante alcanza los 1,4 millones de euros. El dictamen jurídico subraya que la dirección del IMI fue advertida de las malas prácticas contractuales e indicios de irregularidades. La operativa podría suponer una “conducta prevaricadora”, a la vez que apunta la malversación si hay perjuicio para las arcas públicas.

CRUCE DE REPROCHES

El exteniente de alcalde de Hábitat Urbano con CiU, Antoni Vives, que se alejó de la política en octubre del 2015, justo tras la aparición de las primeras informaciones sobre su gestión en Barcelona Regional (BR), ha dicho este miércoles en rueda de prensa: “No ha habido malversación en BR [entidad que está siendo investigada por la fiscalía, como desveló este diario], tampoco en el IMI". "Lo niego rotundamente. Se ha trabajado mucho y muy bien”, ha añadido.  Vives ha cuestionado la auditoría de BR, una agencia vinculada a proyectos de infraestructuras, y la del IMI, encargadas por el gobierno de Colau, porque “son parte”, no tienen en cuenta otras anteriores independientes y hacen “apreciaciones valorativas".

Sin embargo, el actual primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha señalado a Vives como responsable de las presuntas irregularidades en el IMI. Este caso se suma al de BR y, según Pisarello, “no es casualidad” que en los dos asuntos se trate de un organismo municipal que “responden a una misma dirección política”, en alusión a Vives.