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PESQUISAS SOBRE UN SUPUESTO FRAUDE

Antifrau investiga la gestión de CiU el Instituto Municipal de Informática de Barcelona

La oficina indaga sobre facturas "sin cobertura contractual" por valor de 1,4 millones de euros

La entidad municipal dependía del exedil Antoni Vives en la época afectada

J. G. Albalat

Antoni Vives, en un pleno municipal en el 2012.

Antoni Vives, en un pleno municipal en el 2012. / JOAN CORTADELLAS

La Oficina Antifrau de Catalunya ha abierto una investigación para revisar la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) en los años 2014 y 2015, bajo el mandato municipal de CiU, tras conocer que podría haberse cometido irregularidades y hay facturas "sin cobertura contractual" por valor de 1,4 millones de euros, que corresponderían a servicios externos presuntamente irregulares. Durante ese periodo, la dirección política de este instituto municipal estaba a cargo del exconcejal de Convergència, Antoni Vives, que dejó el consejo municipal en octubre del 2015 La Fiscalía investiga también la gestión de la agencia municipal Barcelona Regional en la época en que estaba presidida por Vives.

Antifrau, ditrigida por Miguel Ángel Gimeno, solicitó el pasado 23 de septiembre una batería de documentación al Ayuntamiento de Barcelona en relación al IMI, que ya ha sido entregada. Está pendiente, sin embargo, finalizar una auditoría encargada por el  equipo de gobierno municipal para saber el alcance de las irregularidades y tener conocimientos si los servicios encargados a empresas externas tienen el coste que realmente se facturó y si eran o no necesarios.

Como este informe está prácticamente finalizado, el consistorio ha pedido permiso a Antifrau para acabarlo. Y es que, por ley y a raíz de las pesquisas iniciadas ahora, el Ayuntamiento no puede proseguir con su investigación interna. En un principio, la intención de consistorio era llevar el caso a la fiscalía cuando se acabara la auditoría y si se encontraban indicios de la comisión de algún delito. Ahora también lo podrá hacer Antifrau. 

Los proyectos ruinosos de Barcelona Regional

La Fiscalía de Barcelona tiene abierta otra investigación de afecta a la gestión del exconcejal de CiU Antoni Vives. En concreto son las presuntas irregularidades detectadas en la agencia metropolitana Barcelona Regional (BR).

Una auditoría realizada por el equipo de Gobierno de Ada Colau reveló que esta entidad dedicada al estudio y proyectos de infraestructuras gastó entre el otoño del 2011 y la primavera del 2015, bajo la gestión de CiU, dos millones de euros en proyectos “antieconómicos” y ruinosos en el extranjero.

Lo hizo no solo a espaldas del Ayuntamiento de Barcelona y del Área Metropolitana, sino también de los órganos de gobierno de la propia BR. El presidente de la agencia era Antoni Vives, entonces teniente de alcalde de Hábitat Urbano.

EXPEDIENTES Y FACTURAS

La Oficina Antifrau ha solicitado al ayuntamiento una copia del expediente íntegro administrativo sobre un reconocimiento extrajudicial de créditos (deudas pendientes) por un importe total de 1,7 millones de euros, incoado por resolución del gerente del IMI el 3 de diciembre del 2015, así como la justificación del gasto y otra documentación sobre el mismo asunto. Además, la oficina ha solicitado el informe de control sobre los procedimientos utilizados por el IMI para llevar a cabo su gestión económica y financiera durante el 2014 y el 2015, así como datos sobre las facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros y lo contratos del consistorio y organismos municipales con 15 empresas desde el 2009 hasta la actualidad.

El pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Barcelona inició un procedimiento especial de control a la gestión financiera que se había hecho en el IMI en el 2014 y el 2015. Se encargó a la Oficina de Transparència i Bones Práctiques del Ayuntamiento, dirigida por Joan Llinares, el análisis de los procedimientos empleados por el anterior gobierno municipal de CiU por si se había cometido algún tipo de irregularidad.

El origen de esta auditoría se remonta a un primer informe de los servicios técnicos de IMI relativos a la existencia de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores por un valor de 1,4 millones de euros, y que correspondían con “acuerdos verbales” y que no contaban con el correspondiente soporte ni procedimiento contractual. Este primer dictamen, realizado por los servicios municipales poco después de llegar Ada Colau a la alcaldía, apuntaba una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta de mercado y con riesgo de que un mismo servicio se hubiera fraccionado en varias partidas. También se detectaron posibles irregularidades en la contratación del personal externo.

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