El Ayuntamiento de Barcelona pedirá amparo al juez para precintar el CIE

Lo intentó en julio y volverá a la carga la semana que viene. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes que llevará ante el juez la resolución de precinto del Centro de Internamiento de Barcelona (CIE) si, como es previsible, el Ministerio del Interior vuelve a ningunearle. 

El teniente de alcalde Jaume Asens ha sido el encargado de compartir la hoja de ruta municipal contra el controvertido complejo de la Zona Franca, en el que hay unos 170 internos, 130 de los cuales son argelinos. Sobre la huelga de hambre iniciada el domingo por la noche por 69 internos (de los que 21 desistieron el mismo día), el concejal ha expresado el "apoyo explícito" del consistorio ante una "protesta legítima" que, sin embargo, a mediodía de este lunes ya ha terminado, según fuentes policiales. Siete internos del colectivo argelino, tres de ellos participantes en la huelga de hambre han sido expulsado a su país este mismo lunes. 

El pasado julio, el consistorio dictó orden de <strong>cierre temporal</strong> del CIE en base a una carencia administrativa: la ausencia de licencia de actividad. El centro, que abrió en el 2006, estaba cerrado por obras desde noviembre del 2015, y lejos de cumplir con la demanda del gobierno de Ada Colau, Interior decidió ese mismo día retomar la rutina.

PLAZO DE 20 DÍAS

Ahora, tres meses después, y con un informe de los bomberos sobre las deficiencias de seguridad del edificio que estará terminado a finales de semana, el ayuntamiento pondrá la petición de cese en manos de un juez si no se hace efectiva por las buenas. Según Asens, los servicios jurídicos del Estado no han recurrido la petición de cierre, con lo que la decisión hecha pública el pasado julio ya es firme. A pesar de eso, no se espera que Madrid mueva un dedo, de ahí que la ciudad busque el amparo de la justicia. En un principio, el consistorio tiene previsto dar un plazo de 20 días para que el CIE baje la persiana. Si se supera ese plazo, es cuando el asunto tomaría la senda judicial.

Así las cosas, y si el magistrado da la razón al consistorio, algo que no se espera que pase antes de seis meses, se daría la delicada situación de que los Mossos d'Esquadra, si la instalación sigue operativa, deberían desalojar a la Policía Nacional. 

Poco antes de la comparecencia de Asens, entidades sociales y diputados de varios partidos políticos se han presentado en el CIE para explicitar su queja ante la situación de los internos. El abogado de la plataforma Tanquem el CIE, Andrés García Berrio, que se ha reunido con el director del centro y con algunos internos, ha explicado que los cerca de 40 hombres que en ese momento mantenían la huelga de hambre son de origen argelino y que han llegado a las costas de Cartagena y Mallorca en el último mes. Ha asegurado que su protesta es pacífica y que se encuentran bien de salud. Han pasado la noche en una sala común, sin volver a sus celdas, no al aire libre como se aseguraba a primera hora. 

Esta tarde a las 19 horas se ha convocado una concentración junto al CIE para, una vez más, reivindicar su cierre. Entre los asistentes, unas 200 personas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.