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1.123 barceloneses ya han delatado a vecinos que explotan pisos turísticos ilegales

El ayuntamiento envía 800.000 misivas en las que apela a la "complicidad" del ciudadano contra esta "oferta sumergida e insostenible"

OJEADORES DE PISOS ILEGALES

OJEADORES DE PISOS ILEGALES / periodico

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA

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Ada Colau ha encontrado ya a 1.123 'cómplices' que han delatado a sus -presuntamente- avispados vecinos que destinan pisos a uso turístico sin licencia. La oferta ilegal de apartamentos por días en Barcelona se presupone tan enorme que el modesto operativo de inspectores municipales podría tardar años en radiografiar y sancionar los tentáculos del lucrativo negocio. Por eso, desde julio y hasta octubre el ayuntamiento está enviando 800.000 cartas a los barceloneses pidiendo, sin rodeos, que desenmascaren a sus vecinos tramposos.

En la ciudad hay unas 9.700 vivendas con licencia turística, pero otras muchas fuera de la ley. El ayuntamiento anunció en junio un incremento de inspecciones y el fichaje de 20 "visualizadores" temporales para buscar casos in situ. Pero el campo de batalla es demasiado grande para ese puñado de ojos, por lo que se optó también por enviar una carta a los vecinos para que colaborasen en la detección.

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La misiva se está enviando por zonas desde hace semanas. Ya ha llegado a los vecinos de Sants-Montjuïc, Gràcia y el Eixample. Sorprende a quien la recibe por su contundencia, una invitación a delatar al vecino que haga negocio con turistas sin contar con permiso. Por muchos es interpretado como un paso adelante para la erradicación del fenómeno, que está mermando la oferta de pisos de alquiler convencional en la ciudad, ya que la explotación por días resulta muchísimo más lucrativa. También como una herramienta para facilitar al ciudadano una vía de denuncia, ya que muchos ignoran que existe un teléfono cívico donde denunciarlo y una web especifica.

Pero algunos lo consideran casi una caza de brujas porque llevará a realizar investigaciones sobre pisos que sí tengan licencia, e incluso sobre propiedades donde haya trajín de maletas porque el dueño sea un gran anfitrión. 

La carta arranca diciendo que el consistorio trabaja para que la ciudad esté abierta al turismo pero con "normas de convivencia claras". Luego pasa a exponer que pese a la existencia de un parque de viviendas legales (para serlo, hasta la prohibición de nuevas licencias, bastaba con pagar una tasa única de unos 200 euros), "también existe una oferta ilegal de este servicio que genera especulación, economía sumergida y puede estropear la convivencia en las comunidades de vecinos que los alojan".

CAZA EN TODA LA CIUDAD

Por eso, bajo la firma del área de la dirección de servicios de Inspección de Ecología Urbana del consistorio, se pide la "complicidad para que esta oferta sumergida, económicamente insostenible e irrespetuosa con la legislación vigente no se imponga y arraigue en la ciudad". Se relata también que el ayuntamiento quiere intensificar la inspección contra los pisos turísticos ilegales, por lo que despliega medidas de choque, como más personal dedicado a la caza "activa" por toda la ciudad. 

No obstante, señala la misiva, la "legislación actual de la Generalitat es muy garantista con los propietarios" y para iniciar la tramitación de un cese de actividad "es necesario encontrar dos veces a turistas alojados con un contrato de alquiler menor a 31 días". Con esa premisa se solicita que se facilite información si se cree que en la finca hay un piso de alquiler por días, para hacer "más efectiva la tarea de inspección". Las opciones son la web www.barcelona.cat/incidencies/habitatgesturistics o el teléfono gratuito 900 226 226 (de 8.00 a 24.00 horas). Por esas dos vías han llegado estas semanas 1.123 comunicaciones de actividad turística bajo sospecha.

En la principal patronal de los apartamentos de uso turístico con licencia, Apartur, aplauden las medidas contra el alojamiento ilegal, pero no creen que sea la mejor estrategia. Reclaman más control de las plataformas de reservas y piden que se abra el grifo de las licencias para evitar que la demanda de camas se valga de pisos ilegales.