Las dos caras opuestas de la ocupación en Barcelona

Dos polos opuestos encarnan las dos realidades más antagónicas en las que puede cristalizar el fenómeno de las ocupaciones en España después del estallido de la burbuja inmobiliaria. En un extremo se hallan familias que lo han perdido todo y necesitan un techo para sobrevivir. En el otro, delincuentes de poca monta que han encontrado en pisos de los que sus inquilinos han sido desahuciados un nido en el que establecerse para llevar a cabo sus trapicheos (plantaciones de marihuana interiores, compraventa de droga e incluso prostíbulos clandestinos).

Muy cerca del primer polo se encuentran las familias que acuden a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según Berni Sorinas, en España esta entidad ha tutelado la ocupación de 47 edificios enteros deshabitados para procurar un sitio a personas sin recursos. Carlos Macías, uno de los portavoces de la PAH, explica que “el objetivo siempre es lograr que estas instalaciones vacías funcionen como pisos de protección oficial. Es decir, se intenta conseguir que las sociedades bancarias a las que pertenecen accedan a alquilarlos por un precio razonable”, puntualiza. 

Muy cerca del segundo polo se encuentran, por ejemplo, algunas de las ocupaciones que se han registrado en el barrio de La Mina (Sant Adrià de Besòs) o el del Besòs (Barcelona). Los vecinos de estos barrios se han manifestado durante meses desesperados porque dentro de sus edificios se instalaron traficantes que, pervirtiendo el principio de inviolabilidad del domicilio, han transformado su vida en un infierno.

En los últimos meses, este diario ha ido recibiendo cartas de lectores que tienen algo en común: son vecinos de ocupas conflictivos instalados en pisos de los que los bancos expulsaron por impago a las familias originarias. El problema es que las entidades financieras no acostumbran a tener ninguna prisa por desalojar a los molestos inquilinos. 

“Durante la noche entran y salen jóvenes bajo los efectos de las drogas y los pocos vecinos que quedamos sufrimos insultos, intimidación y acoso”, relataba David Bueno, vecino de un piso ocupado en la calle de Riera Baixa (Raval). Michel Prades escribió que en su bloque de Cerdanyola del Vallès conviven con ocupas que han hecho "insostenible" la situación. "Música, ruido, inseguridad, trapicheos, olor a marihuana…"

María Jesús afirma que en el edificio de Sabadell en el que reside, "el 60% de los domicilios están ocupados". De los diez pisos que lo componen, "Abanca, SAREB, BSCH y Finsolutia tienen un piso cada uno y La Caixa, dos". Todas estas viviendas están "ocupadas desde hace unos cinco años, y a pesar de todos los problemas que esta situación conlleva, no se ha producido ningún desalojo", protesta. 

En muchos de estos casos, el problema más pequeño es que pinchen "la luz y el agua" -la manipulación del sistema eléctrico puede provocar incendios en la finca- o que no contribuyan en los gastos comunes de la comunidad. Lo principal es la sensación de "inseguridad" que sienten.  

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Catalunya se llevan a cabo un 22% del total de los desalojos que se ordenan en España. Unas cifras que indican que se ordenan casi 200 diariamente. Tanto Macías como Sorinas aseguran que, según su experiencia en la PAH, la “inmensa mayoría” de las ocupaciones que se producen en el Estado se corresponden con familias frágiles. Sin embargo, estos otros lectores avisan de que se habla poco de la otra cara de la moneda, con la que a ellos les ha tocado vivir.